Desde la Defensoría del Pueblo de Colombia han advertido sobre las acciones de esos grupos armados en un total de 237 municipios repartidos en 29 departamentos del país latinoamericano.
Entre 2017 y 2022, la Defensoría del Pueblo de Colombia (DPC) ha emitido 136 alertas tempranas por acciones o presencia de las facciones disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según un comunicado publicado este jueves en su página web.
En particular, la entidad ha advertido sobre las acciones de esos grupos armados en un total de 237 municipios repartidos en 29 departamentos del país latinoamericano, principalmente en Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca.
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Según explica la DPC, las amenazas a personas que defienden los derechos humanos y a líderes sociales representan las “conductas vulneratorias” más frecuentes, seguidas por el desplazamiento forzado, el reclutamiento y el uso de niños y adolescentes.
Asimismo, señalan que las acciones de las disidencias de las FARC presentan características muy distintas en las diferentes regiones de la nación, ya que en algunas zonas se encuentran en un proceso expansivo, en otras de consolidación y en otras en disputa con otros grupos armados, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Destacan dos organizaciones
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El cese al fuego con 5 grupos armados caldea la política en Colombia: ¿quiénes son y qué se busca?
Entre ellas destacan la existencia de dos organizaciones que para 2020 ya contaban con 23 estructuras: el Frente Primero (los Gentilianos), cuyo origen es previo a la firma del Acuerdo de Paz en 2016; y Segunda Marquetalia, que surgió después de la rúbrica del mismo.
Desde la DPC indican que las principales fuentes de financiación de esos grupúsculos son el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, a lo que se unen los llamados préstamos gota a gota, que han aumentado recientemente.
El pasado 1 de enero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su Gobierno había alcanzado un acuerdo para un cese del fuego bilateral con cinco grupos armados del país durante seis meses. Tres días después suspendió el alto el fuego con el ELN y pidió al grupo guerrillero que declarara una “tregua verificable”.
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