Estados Unidos. – El juez Roy K. Altman, en Estados Unidos, acogió este jueves la petición de reducción de condena del exdiputado, Miguel Gutiérrez Díaz, quien se había declarado culpable de distribución de cocaína en territorio de estadounidense y de conspiración para cometer lavado de activos entre 2014 y 2020.
De acuerdo a lo revelado en un documento judicial, la pena para Gutiérrez ahora será de 10 años de prisión, seguida de 5 años de libertad supervisada.
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Esta sentencia fue la acordad entre Gutiérrez y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida,
«El gobierno no se opone a la moción del acusado y acepta que, bajo los hechos y circunstancias particulares de este caso, y teniendo en cuenta la declaración de política establecida… y los factores de sentencia establecidos en 18 U.S.C. § 3553(a), el acusado tiene derecho a una reducción de sentencia», .Reseña el escrito.
Por su parte, Altman justificó su decisión al asegurar que la petición de reducción de Gutiérrez, y la posición del Gobierno estadounidense al respecto, son “consistentes” en este tipo casos.
“Habiendo considerado la moción del acusado y la respuesta del Gobierno, encontramos que el acusado es elegible para una reducción de sentencia bajo la enmienda 821 y que tal reducción es ‘consistente con las declaraciones de política aplicables emitidas por la Comisión de Sentencias’», indicó el juez en el mencionado documento judicial.
En 2021
En mayo de 2021, Gutiérrez Díaz aceptó su culpabilidad de conspirar para cometer lavado de dinero entre 2014 y 2020 en República Dominicana.
También se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína y tener conocimiento que sería enviada y distribuida en Estados Unidos.
Los cargos por los que se le imputaban tenían desde pena máxima, cadena perpetua, y como sentencia mínima 10 años de prisión, seguida de una pena de libertad vigilada de al menos 5 años. Así como una multa de hasta 10 millones de dólares.
Mientras que por el cargo de lavado de activos, la condena era de hasta 20 años de prisión, junto con libertad vigilada de hasta tres años y una multa de 500,000 dólares o el doble del valor de los bienes objeto de la transacción, si éste fuera mayor al monto estipulado.