Este año el Gobierno presupuestó US$1,450 millones para las distribuidoras.
Santo Domingo.-El Gobierno dominicano tiene presupuestados US$1,450 millones para el subsidio eléctrico durante este año, de los cuales US$800 millones (55.1%) están asignados para cubrir el subsidio de clientes de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) a través del del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE).
De ese monto, entre US$80 y US$100 millones van a los ayuntamientos para el alumbrado público, mientras que los US$450 millones restantes son para proyectos específicos de mejora de la eficiencia energética y capacidad de generación.
Así lo explicó el presidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y vicepresidente ejecutivo de la empresa de generación Punta Catalina, Celso Marranzini, quien considera que el sector eléctrico tiene problemas que no solo afectan la calidad del servicio, sino que impactan su estabilidad financiera y la economía nacional en su conjunto.
Al participar en el programa El Sol de la Mañana, de Zol 106.5 FM, indicó que para financiar la modernización de las redes eléctricas el Gobierno ha recibido un préstamo de US$225 millones del Banco Mundial (BM). Agregó que es una muestra del compromiso de esa institución financiera con la mejora estructural del servicio eléctrico local. Además, dijo que se está reduciendo gradualmente el subsidio estatal para hacer que el sector sea más sostenible a largo plazo.
El presidente ejecutivo del CUED detalló pilares claves para las reformas en curso. Enfatizó que se implementan medidas para mejorar la eficiencia y la transparencia operativa en las empresas distribuidoras de electricidad. Estas estrategias, como la compra centralizada de materiales y la adopción de tecnología avanzada, están siendo implementadas para reducir las pérdidas de energía.
Subrayó que en los próximos dos años se abrirá una licitación internacional para permitir la gestión privada de las distribuidoras Edenorte, Edesur y EdeEste, buscando incrementar la eficiencia y calidad del servicio. Esa gestión facilitará la modernización de la red eléctrica para una labor más eficiente del consumo y reducirá las oportunidades de fraude gracias a la instalación de medidores inteligentes.
Según Marranzini, desde el Gobierno se toman medidas decisivas para recuperar las deudas pendientes y así mantener un flujo financiero más estable para las distribuidoras. Destacó que los usuarios que generen energía a través de paneles solares estarán exentos del cobro por frecuencia, ya que están incentivando el uso de energías renovables.
A modo de aclaración, Marranzini explicó que la tarifa es el precio de la electricidad por kilovatio-hora, mientras que la factura es el monto total que se debe pagar, incluyendo la tarifa, los impuestos y otros cargos. Enfatizó la necesidad de una mayor transparencia en la facturación para los usuarios. Subrayó que se está revisando el sistema actual para hacerlo más fácil de entender.
“Estamos comprometidos con un futuro donde todos los dominicanos puedan disfrutar de un suministro eléctrico confiable y justo”, sostuvo Marranzini. Espera que el sector eléctrico dominicano experimente una transformación positiva en términos de eficiencia operativa y de sostenibilidad financiera.
Enfrentar el robo
Marranzini subrayó la urgencia de abordar el robo de electricidad, una práctica extendida que no solo impacta negativamente las operaciones de las empresas distribuidoras, sino que también perjudica la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico nacional. “Las conexiones ilegales al alumbrado público en la Zona Colonial son un ejemplo preocupante de este problema”, señaló.
Marranzini explicó que esto representa un desafío importante para el sector dominicano ya que las conexiones ilegales destrozan los esfuerzos para mantener un sistema equitativo y sostenible. “Las prácticas de reconexión ilegal son incentivadas por contratistas que cobran por el servicio, perpetuando este problema. Los ingresos de las empresas distribuidoras también se ven afectados y no permiten al sector realizar inversiones en infraestructura”, subrayó.
El presidente ejecutivo del CODUE indicó que los costos de generación de energía han aumentado debido a factores globales, como la crisis en Ucrania, impactando los costos operativos de las empresas distribuidoras. Esta situación ha llevado a un incremento en las tarifas eléctricas que, a su vez, dificulta la capacidad de pago de los consumidores y perpetúa un ciclo de aumento de costos y menor capacidad de inversión en mejoras, destacó Marranzini.
Dijo que para abordar la situación del robo de electricidad se implementa un sistema de supervisión más riguroso y la instalación de medidores inteligentes que ayudarán a detectar irregularidades de consumo. Además, explicó que han establecido un plazo hasta el 16 de agosto para que los residentes regularicen sus conexiones eléctricas, ya que, de no hacerlo, se implementarán sanciones si persisten las irregularidades.
Oportunidad
La falta de una supervisión efectiva y políticas claras han perpetuado las situaciones de robo y falta de pago por parte de los usuarios como uno de los desafíos que requieren atención inmediata para la reforma fiscal.
Abordar estos desafíos puede tener beneficios significativos para el país. La reducción proyectada de las pérdidas de energía podría incrementar el PIB en un 0.3% en los próximos 10 años, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, un ajuste adecuado en las tarifas eléctricas podría contribuir con un aumento adicional del PIB, proporcionando recursos adicionales para inversiones en infraestructura y servicios públicos esenciales.
La reforma fiscal en el sector eléctrico dominicano no solo es necesaria, sino que también representa una oportunidad para mejorar la eficiencia energética, fortalecer la estabilidad financiera y promover un desarrollo económico sostenible. Al abordar los problemas estructurales que afectan al sector, República Dominicana puede sentar las bases para un futuro energético más seguro, confiable y económicamente viable.
Se deben implementar estrategias efectivas para el cobro de deudas pendientes y considerar la participación del sector privado para mejorar la gestión y operación de las empresas distribuidoras. La colaboración con entidades internacionales y la adopción de buenas prácticas de gestión pueden aportar no solo capital adicional, sino también experiencia en la eficiencia operativa y administrativa.
