La economía dominicana tiene más de 50 años en franco crecimiento, una de las de mayor crecimiento en América Latina y en el mundo, según la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL).
Uno de los elementos que incide en ese crecimiento es la inversión extranjera, gracias a la seguridad jurídica y a la estabilidad democrática del país.
Dentro de ese renglón está la actividad minera. La extracción de recursos minerales del suelo y subsuelo, facilitan la satisfacción de las necesidades de la población, generando a su vez, ganancias para los explotadores de las minas, así como ingresos a la nación.
Según datos del Banco Central, la actividad minera de la República Dominicana en el año 2020 aportó al Producto Interno Bruto (PIB) un 2.0%, equivalente a RD $89,231.2 millones.
Entiendo que nuestro país tiene leyes que promueven e incentivan la inversión extranjera; por tal razón, no creo que ninguna empresa minera, ya sea nacional o extranjera, estaría violando la Constitución de la República ni las leyes que regulan la exploración y explotación minera. Todo lo contrario, es la misma Carta Magna en su Artículo 17, que tácitamente instituye lo siguiente: “Los yacimientos mineros, de hidrocarburos y en general los recursos naturales no renovables, sólo pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas en las condiciones que determine la ley.
Los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional, con las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley. “Qué es un estudio de impacto ambiental? Un estudio de impacto ambiental es un estudio de carácter interdisciplinario destinado a promover, identificar, evaluar y cambiar los efectos en el ambiente que ciertas acciones pueden tener con relación a la calidad de vida de los individuos y sus entornos.
Hay 10 razones por las cuales es imperante, oportuno y necesario la realización del estudio de impacto ambiental sobre el proyecto Romero, como única garantía de preservar y garantizar la biodiversidad existente en la provincia San Juan:
1. Determinará las posibles afectaciones al clima, la biodiversidad, las poblaciones aledañas y la urbe.
2. Contribuirá positivamente sugiriendo formas de evitar, o bien reducir, los peligros y acrecentar los beneficios de la intervención a evaluar.
3. Garantizará plenamente que se tengan en cuenta soluciones más sostenibles y de menor riego social y ambiental.
4. Promoverá la transparencia, la participación y el pleno compromiso de todas y cada una de las partes interesadas en la toma de decisiones.
5. No se tomará como un simple trámite o requisito para la ejecución del proyecto.
6. Se aplicarán las mejores prácticas con metodologías y técnicas apropiadas al sujeto de estudio.
7. Obtendrá información pertinente y confiable para la toma de decisiones.
8. Dará con las soluciones alternativas de menor costo en tiempo y dinero.
9. Involucrará en su investigación a todos los grupos de interés.
Aquí entrarán la Academia de Ciencias de la República Dominicana, técnicos calificados de las universidades nacionales públicas y privadas y los directivos del Comité Pro Agua y Vida de San Juan de la Maguana.
10. Tomará en cuenta las consecuencias que habrán sobre el medioambiente, tanto a corto como a largo plazo.
Por: Víctor Jarcia
