La Cámara de Diputados de México aprobó la madrugada de este miércoles, con 359 votos a favor y 135 en contra, la polémica reforma judicial propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bajo un clima de tensión, protestas y una huelga inédita de trabajadores, jueces y ministros de la Suprema Corte.
Después de más de 11 horas de sesión, la mayoría oficialista logró avalar una norma que aspira a modificar por completo el modelo de justicia en México.
Una vez terminado el análisis en lo general, los diputados comenzaron el debate en lo particular, ya que se presentaron casi 800 reservas al dictamen que serán debatidas y sujetas a votación. Luego, la iniciativa será enviada al Senado, que ya anunció que realizará un proceso exprés.
Mientras los legisladores sesionaban, la jueza Martha Eugenia Magaña López otorgó una tercera orden judicial para suspender el debate parlamentario, por lo que los bloques opositores del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigieron suspender el proceso, a lo que la mayoritaria y oficialista bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados se negaron.
Para poder debatir, los parlamentarios tuvieron que buscar de manera urgente un lugar alterno al Palacio Legislativo de San Lázaro, sede oficial de la Cámara de Diputados y del Congreso México, ya que desde las primeras horas del martes el recinto fue bloqueado por manifestantes. Frente a la incertidumbre decidieron trasladarse a la Ciudad Deportiva en la Magdalena Mixhuca, ubicada en la misma alcaldía.
Previo a la sesión, Ricardo Monreal, líder de la bancada de (Morena), informó que el debate arrancaría a las 16:00 horas en la sede alternativa para respetar el derecho de manifestación de las personas que rechazan la reforma judicial “y para no provocar ningún enfrentamiento o confrontación”.
Los diputados opositores del Partido Acción Nacional (PAN) ratificaron su rechazo al proyecto y a que la sesión se realizara en otro lugar. También propusieron que se creara una comisión para recibir a representantes de los colectivos que protestaban en las afueras de San Lázaro, pero su idea no fue tomada en cuenta por la mayoría de legisladores.
El diputado del PAN, José Elías Lixa, consideró que el hecho de que el debate parlamentario se realizara en un centro deportivo era “una medida que aplasta y socava la democracia”.
En respuesta, Luis Fernández, parlamentario por Morena, expresó que la sesión cumplía con la legalidad de los procesos que contempla la ley, por lo que podía llevarse a cabo sin ningún problema.
Mientras los diputados debatían, López Obrador consideró que “solamente las élites” del sistema de justicia son las que se oponen a una renovación estructural.
“Están en su derecho (…) tienen que defender sus privilegios“, comentó el mandatario mexicano, tras poner como ejemplo a un exministro que cobra una pensión vitalicia a pesar de haber trabajado solo siete meses en la Corte y ahora está en contra de una reforma que elimina esos privilegios.
¿Qué cambiaría con la reforma?
La controvertida reforma judicial propone la selección de ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados a través del voto popular, en elecciones que se llevarían a cabo el próximo año, así como la disminución de su duración en el cargo. Además, bajo los principios de ‘austeridad republicana’, pretende poner un alto a los “gastos excesivos y onerosos” del Poder Judicial.
El proyecto también contempla que los salarios de los integrantes del máximo tribunal constitucional, jueces y magistrados se vinculen al del presidente de la República y se reduzcan sus prestaciones. Además, aspira a que los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, sean también electos por voto popular.
Por otra parte, modifica el diseño y la estructura del Consejo a través de la creación de un tribunal disciplinario judicial que, para poder garantizar su autonomía e independencia, ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte, como sucede en la actualidad.
Para el Gobierno de la denominada ‘Cuarta Transformación’ (4T), conseguir la aprobación de la reforma del Poder Judicial no es una tarea menor. Se trata de hacer realidad finalmente un conjunto de cambios que hasta la fecha han sido rechazados en el Congreso o invalidados por la Corte.
Desde que se presentó en febrero de este año, la iniciativa generó rechazo entre la oposición y miembros del Poder Judicial. Es una reforma constitucional que, bajo la perspectiva de la oposición, barras de abogados y organizaciones no gubernamentales, pretende socavar la independencia de las autoridades judiciales y, en paralelo, eliminar todos los contrapesos del Gobierno.
