La consulta, que coincidirá con las elecciones generales anticipadas, ha supuesto un enfrentamiento entre quienes defienden la preservación de la naturaleza y los que alegan que el extractivismo provee al país de ingresos indispensables.
El pueblo ecuatoriano decidirá en dos referendos, pautados para el próximo 20 agosto, el futuro de la explotación de petróleo dentro del Parque Nacional Yasuní, en la zona amazónica de Ecuador, así como de la extracción de mineral de oro en el Chocó Andino, un emplazamiento boscoso y de páramo cercano a Quito, la capital.
Para ambientalistas y pobladores originarios, es necesario que se prohíba explícitamente la economía extractivista en esos parajes, a fin de resguardar la naturaleza, luchar contra el calentamiento global y, en el caso del Parque Yasuní, preservar además el modo de vida de los indígenas waorani, que viven en condiciones de aislamiento voluntario.
Sí a la naturaleza, no a la explotación petrolera
Se trata de un problema añejo que en la última década adquirió nuevos aires, tras la puesta en marcha del proyecto Yasuní-ITT, gestionado por la estatal Petroecuador, como explicara en fecha reciente Juan Byay, presidente de la nación waraoni, en una asamblea de líderes indígenas celebrada en Cuenca.
“Queremos que ustedes entiendan y que tal vez conozcan en el Yasuní la situación crítica que el pueblo waraoni está viviendo con la explotación petrolera. Muchos indicarán y dirán, por los medios de comunicación […], que al cerrar este campo se va a bajar el desarrollo económico del país. Al contrario: el Estado ecuatoriano tiene que rendir cuentas de cuántos campos tiene en la Amazonía”, alegó el dirigente.
De su parte, Pedro Bermeo, vocero del grupo de defensa ambiental Yasunidos, dijo a Reuters que aunque es innegable que hubo algunas mejoras locales tras el inicio de la extracción de crudo a través del proyecto Yasuní-ITT, el balance no puede considerarse positivo, pues ha venido aparejado con daños al medio ambiente y amenazas contra los residentes, incluidos los waorani.
“Nos dijeron que no habría caminos, que no habría generación eléctrica ni bengalas, y hay un impacto enorme”, sostuvo Bermeo.
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador estima que cada hectárea de la reserva Yasuní alberga unas 650 especies de árboles, además de cientos de mamíferos, aves, reptiles y peces, algunos endémicos.
Alta rentabilidad
Por su lado, Petroecuador insiste en la necesidad de mantener activos los bloques Yasuní-ITT –algunos con varias décadas de operación–, en virtud de los dividendos que aportan a la economía ecuatoriana y la complejidad que entraña abandonar un campo petrolero, como tendría que hacerse si venciera el “sí” a la protección ambiental en el referéndum del 20 de agosto.
“En el 2022, el Bloque 43 – ITT generó para el Estado una renta petrolera de 1.200 millones de dólares” a partir de una producción ya auditada de 1.600 millones, detalló este lunes Ramón Correa Vivanco, gerente general de la compañía, en el contexto de un debate interinstitucional sobre la consulta popular relativa a la explotación en el Parque Yasuní.
En su decir, “abandonar un campo toma al menos 10 años, y hay campos en Ecuador que ya producen [desde hace] más de 40 años”, por lo que la única solución sería abandonar pozos y no campos.
A mediados de julio, Correa Vivanco afirmó ante los medios que una votación favorable a poner fin a la extracción de crudo en el bloque 43 -ITT, el único afectado por el referéndum, supondría una disminución en los ingresos del país durante las próximas dos décadas de unos 13.800 millones de dólares.
Según cálculos de Reuters, en ese escenario la nación andina perdería el 12 % de su producción diaria, pasando de 480.000 barriles a 422.000 barriles diarios.
En relación con el tema ambiental –y a contrapelo de lo que refieren los voceros indígenas–, el funcionario aseveró que “el parque ha tenido las mejores prácticas de protección”, que incluyen la minimización del espacio ocupado por los pozos.
El bosque que protege a Quito
Una situación análoga se vive en el caso del Chocó Andino, una extensión de 287.000 hectáreas de bosques ubicada en las proximidades de Quito y que funge como sumidero de dióxido de carbono, por lo que mejora la calidad del aire capitalino y mitiga los efectos del calentamiento global.
Adicionalmente, organizaciones ambientalistas y activistas medioambientales precisan que el Chocó Andino es un espacio biodiverso, hogar de más de 3.000 especies de plantas, unas 650 de aves, 90 de reptiles, 120 de anfibios y 150 de mamíferos, cuyo hábitat se vería seriamente amenazado por la actividad minera.
Negocio trasnacional
Al margen de estas consideraciones conservacionistas, el negocio minero ha tomado fuerza en Ecuador durante los últimos años. Según la Cámara de Minería de Ecuador, en el primer semestre de 2023 recibió el país suramericano 21 millones de dólares por concepto de regalías, y espera sumar otros 20 millones para el cierre del año.
Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas reportó que, globalmente considerada, la explotación minera en su conjunto reportó en 2022 ingresos superiores a los 2.700 millones de dólares, solo por detrás de lo obtenido a través de la venta de petróleo, banano y camarones.
En comentarios ofrecidos a Reuters, representantes del negocio minero sostuvieron que la oposición a esa explotación ha estado impidiendo inversiones por el orden de los 1.000 millones de dólares en los últimos años, aunque, aclararon, este bloqueo no afectará un proyecto con la australiana SolGold.
“No es moral que por temores falsos detengamos una industria que podría crear muchas oportunidades”, consideró María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara, quien apuntó que el veto que pretende aprobarse con el referéndum probablemente no detenga actividades ilícitas como la tala, la minería ilegal o el tráfico de especies.
Al otro lado de la acera están los residentes de las pequeñas comunidades agrícolas autorizadas a permanecer dentro del bosque, como Morelia Fuentes, para quien “la minería generará contaminación del agua, explotación de la tierra y destrucción”.
Fuentes recalcó que los pobladores están “luchando por tener una vida saludable”.
Referéndum eclipsado
La compleja situación sociopolítica que ha caracterizado el último año de gestión del presidente Guillermo Lasso ha desplazado el interés sobre los referendos relativos a la explotación petrolera y minera en áreas protegidas.
Aunque Lasso accedió a la consulta tras una década de presiones por parte de colectivos ambientalistas e indigenistas, la combinación entre la crisis política que casi derivó en su destitución, así como el empeoramiento de la violencia de casi toda índole, ha opacado la campaña por la consulta, pese a que sus resultados comprometerán el futuro de la nación suramericana.
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De momento, Petroecuador y empresarios ligados al negocio minero figuran como los principales impulsores del “no”, mientras que activistas medioambientales y líderes de los pueblos originarios encabezan la otra opción.
En todos los casos, las piezas están focalizadas en las redes sociales y tienen escasa cobertura en la gran prensa, concentrada en las incidencias derivadas de varios estados de excepción decretados por el Ejecutivo, dentro y fuera de los penales, para frenar los tiroteos, atentados con explosivos, quema de vehículos y unidades de transporte masivo, e incluso, los asesinatos de políticos.
