Altos funcionarios de la Casa Blanca advirtieron a Ottawa sobre las consecuencias catastróficas que algunos sectores de la economía estadounidense sufrirían.
Altos funcionarios estadounidenses de la Administración de Joe Biden habrían presionado al Gabinete del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para que pusiera fin a las protestas del llamado ‘Convoy de la libertad’, encabezadas por transportistas que bloquearon las fronteras entre ambos países en rechazo a los mandatos sanitarios para combatir la pandemia de covid-19. Estas movilizaciones habrían puesto en jaque a un sector de la economía de EE.UU., según reporta Político.
Esta información salió a luz el jueves 24 de noviembre como parte de los testimonios y documentos recopilados durante una investigación federal iniciada en Canadá por la Comisión de Emergencia de Orden Público para determinar la legalidad de la aplicación de la Ley de Emergencia, la cual fue invocada por Trudeau en febrero pasado para poner fin a los bloqueos fronterizos y despejar una ocupación en el centro de la capital del país, Ottawa.
De acuerdo a los reportes, Chrystia Freeland, ministra de Economía canadiense, sostuvo una llamada telefónica el 10 de febrero con el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Brian Deese, en la que el funcionario le habría expuesto su preocupación por las consecuencias económicas que el bloqueo de las fronteras tendría sobre las industrias estadounidenses.
“Están muy, muy, muy preocupados […] Si esto no se soluciona en las próximas doce horas, todas sus plantas de automóviles del noreste cerrarán”, escribió Freeland en un correo electrónico a sus subalternos tras la conversación.
En este contexto, los mandatarios de ambos países conversaron por teléfono el 11 de febrero. En dicha llamada, Trudeau aseguró a Biden tener un plan para acabar con los bloqueos y liberar las cadenas de suministro, no sin antes señalar el apoyo logístico, económico y mediático que la movilización recibió desde EE.UU.
Una vez invocada la Ley de Emergencia, las autoridades canadienses adquirieron las facultades para congelar cuentas bancarias a su discreción, prohibir los viajes a los lugares donde se realizarían las protestas y obligar a los camiones a remolcar los vehículos que bloqueaban las calles, entre otras atribuciones. Ahora, la comisión debe determinar si existió una justificación legal para que el Gobierno aplicara esa medida.
