El Ministerio de Justicia expuso ante el Consejo Nacional de Estupefacientes un documento para despenalizar la siembra de hasta 10 hectáreas, según reportó El Colombiano.

El Gobierno de Gustavo Petro tiene previsto que pequeños productores de coca transiten hacia economías legales, según un proyecto en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes que fue consultado por El Colombiano. 

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó ante el Consejo una propuesta para despenalizar los pequeños y medianos cultivos de coca de hasta 10 hectáreas (ha) de siembra, lo que también tendría como consecuencia que el Estado dejaría de perseguir a los pequeños productores de esa planta. 

El proyecto para despenalizar los pequeños cultivos de hasta 10 hectáreas implicaría que el 63 % de esas siembras en todo el territorio nacional podrían ser legalizadas, debido a que la mayor parte de las Unidades Productivas Agropecuarias con Coca tienen entre 0 y 10 hectáreas, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). 

En 2021, Colombia batió récord de coca cultivada con 204.000 hectáreas, lo que representó un aumento del 43 % en comparación con 2020, cuando se documentaron 143.000 hectáreas, según un informe de UNODC.

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Viraje de la política de drogas

El pasado 26 de agosto, durante una visita a Catatumbo —la segunda región con más cultivos de coca después del Pacífico—, Petro anunció la primera asamblea de campesinos cultivadores de hoja de coca. El mandatario aclaró que se trataba de unas primeras conversaciones para que las familias cocaleras transitasen el camino desde la ilegalidad al mercado formal. 

En el marco de un diálogo con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, Petro expuso que su Administración impulsaría una reforma agraria para democratizar el acceso a tierras para los campesinos e impulsar una campaña de sustitución de cultivos.

La política antidrogas debe “dejar de ver como criminal al campesino productor de hoja de coca”, manifestó Petro el pasado 3 de octubre. 

En esa misma línea, el mandatario colombiano ha abogado por pasar de la criminalización “a la prevención y al tratamiento de la drogadicción como una enfermedad de salud pública”. 

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