La vicepresidenta recusó al fiscal y al juez del caso en el que está acusada de corrupción.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió el apartamiento del juez y el fiscal que están al frente del juicio en el que se le acusa de presunta asociación ilícita y defraudación a la administración pública.
El motivo fue la publicación de fotografías que demuestran la relación personal del fiscal Diego Luciani y del presidente del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, con el expresidente Mauricio Macri, quien ha sido uno de los principales impulsores de la campaña para que la expresidenta sea condenada.
“He instruido a mi abogado para que mañana a primera hora recuse a los jugadores de fútbol. El Poder Judicial argentino apesta”, escribió Fernández de Kirchner el domingo por la noche, al anticipar de manera irónica la medida que este lunes solicitó su abogado, Carlos Beraldi, en el inicio de una nueva audiencia del juicio que se está llevando a cabo de forma virtual.
Las fotos, que publicó el diario Página 12, muestran a Luciani y a Giménez Uriburu en los partidos de futbol que Macri organizaba en su residencia particular cuando era presidente.
La semana pasada, Luciani se convirtió en una estrella de la oposición partidaria y mediática ya que, en sus alegatos contra la vicepresidenta, lanzó acusaciones contundentes.
“Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, acusó.
A lo largo de la semana, Luciani siguió con su exposición. Luego vendrá la última declaración de la expresidenta y de los otros 12 acusados y, por último, la sentencia que se dará a conocer antes de fin de año y que, según Fernández de Kirchner, ya está escrita de antemano.
El caso
La vicepresidenta es la protagonista de lo que se ha denominado como la ‘causa Vialidad’, ya que se originó en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, es decir, bajo el Gobierno de Macri, para investigar la adjudicación de millonarias obras públicas en la provincia de Santa Cruz, el feudo político de la familia Kirchner desde los años 90.
Néstor Kirchner gobernó la provincia desde 1991 hasta 2003, año en el que se convirtió en presidente. Según el fiscal, a partir de entonces la pareja armó un esquema de corrupción para favorecer con millonarios recursos públicos a Lázaro Báez, un empresario amigo que ya fue condenado en otros juicios y hoy sigue en prisión.
En el juicio, que comenzó en mayo de 2019, a Fernández de Kirchner se le acusa de haber sido la jefa de una asociación ilícita dedicada a direccionar la obra pública de Santa Cruz en beneficio de Báez. Además hay otros 12 imputados entre empresarios y exfuncionarios.
Desde que dejó la presidencia en diciembre de 2015, las denuncias judiciales en su contra se aceleraron, pero en la mayoría ya ha sido sobreseída. La ‘causa Vialidad’ es la única que llegó a juicio oral y público y que, efectivamente, puede implicar una condena en su contra por corrupción.
Sin embargo, el conflicto de intereses que representa la cercanía del fiscal y del juez con Macri enturbia el proceso y le da elementos a la vicepresidenta para reiterar que solo es víctima de “lawfare”, es decir, de una persecución judicial que pretende proscribirla.
