El proyecto para realizar el estudio en marzo de 2024 recibió 22 votos de un total de 34 congresistas.
El Senado de Bolivia aprobó este martes “en grande” la ley de Censo propuesta por el oficialismo, que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados y destrabó el conflicto de 36 días entre el departamento Santa Cruz, bastión opositor, y el Gobierno del presidente Luis Arce.
El proyecto recibió el apoyo mayoritario de los congresistas que integran el pleno. “22 votos a favor de la aprobación del proyecto de Ley 005/2022-2023 Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos Financiero y Electoral. Son mayoría”, anunció el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
El debate duró unas cuatro horas. Tras la aprobación en grande se inició el tratamiento de la ley en detalle.
El proyecto 005, que ya fue aprobado el sábado por la cámara de Diputados, recoge en esencia los contenidos del Decreto Supremo 4824 que fija para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo de Población y Vivienda.
La propuesta legislativa establece además que, con base en datos oficiales de población del Censo que emitirá el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024.
Asimismo, señala que el INE será encargado de remitir al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños”, que se aplicaría “en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
Estos dos temas eran parte de la argumentación de los grupos opositores impulsados por el Comité Cívico Santa Cruz, promotor de un paro en el departamento que incluyó bloqueos y enfrentamientos entre opositores y oficialistas.
El departamento boliviano de Santa Cruz cancela un paro que llevaba 36 días
El Comité liderado por el gobernador derechista Luis Fernando Camacho exigía la realización del censo en 2023 debido al crecimiento poblacional que, en su criterio, le permitiría a Santa Cruz sumar más representantes por su cantidad de habitantes. En contraparte, alegaban que la repartición de fondos y escaños para la región sería menor si se tomaban en cuenta los resultados del censo de 2011.
Tras más de un mes de bloqueos en todo el territorio de Santa Cruz, dirigentes del Comité Cívico levantaron las medidas de presión después de que la Cámara de Diputados aprobara una ley mediante la cual se fijó la fecha para el censo.
Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció que en los 36 días de huelga cruceña se cometieron actos de agresión y violaciones de los derechos humanos.
