La gran mayoría de las muertes fueron de oficiales que navegaron en buques de la Armada construidos con el material cancerígeno.
El Ministerio de Defensa de España ha reconocido en los últimos 20 años 83 muertes de militares como fallecimientos en acto de servicio por la exposición al amianto, según los datos oficiales recabados por El País.
El 98,8 % de los difuntos pertenecían a la Marina, ya que solo se registró una víctima en el Ejército del Aire y ninguna en el de Tierra. Además, todos ellos son oficiales y suboficiales.
El amianto es un material que fue muy utilizado en décadas pasadas antes de conocerse su potencial cancerígeno. Sus cualidades ignífugas y de aislamiento térmico y acústico propiciaron su uso en una diversidad de instalaciones. Sin embargo, al descomponerse, sus partículas pueden causar fibrosis pulmonar y cáncer de pulmón, entre otras enfermedades mortales.
En el caso de los navíos se usó para las calderas, turbinas, tuberías, camarotes o vías de aire acondicionado. Ese fue el caso de los buques de guerra que el presidente estadounidense Eisenhower proporcionó al dictador Franco a partir de 1953 y los que posteriormente comenzó a construir el astillero púbico Bazán.
Defensa ha reconocido entre cuatro y cinco muertes al año por esta causa, si bien el registro corresponde al año en que el expediente se cerró y no al año de la defunción.
Prohibido desde 2002
España prohibió la comercialización y uso de este material en 2002, aunque desde entonces se ha producido un goteo de denuncias de trabajadores sobre el mantenimiento de este compuesto en diferentes instalaciones, como es el conocido caso del Metro de Madrid.
La empresa pública sucesora de Bazán, Navantia, implementó desde dos décadas antes, a partir de 1982, una política sistemática de eliminación de este material de los navíos de nueva construcción. Sin embargo, todavía siguen en servicio navíos construidos antes de ese año y, además, las enfermedades desarrolladas por la exposición al amianto pueden tener hasta décadas de latencia.
Precisamente ese periodo de latencia hace complicado establecer una relación de causa-efecto entre la exposición al amianto y el desarrollo posterior de enfermedades, por lo que hasta ahora el Ministerio de Defensa se ha guiado por los informes del Consejo de Estado para identificar o no cada fallecimiento como sucedido en acto de servicio.
Ese reconocimiento da lugar a una pensión extraordinaria y a la retribución de una indemnización. Así, las viudas han recibido entre 100.000 y 120.000 euros y 10.000 euros cada hijo. En el caso de la pensión por enfermedad profesional se duplica la cuantía de la ordinaria.
La Asociación Unión de Militares de Tropa denuncia que, de los 113 expedientes abiertos por el Ministerio de Defensa por daños provocados por amianto, 80 corresponden a oficiales y 33 a suboficiales, mientras que ninguno a soldados y marineros rasos que sirvieron en las mismas fechas y lugares que los afectados declarados.
