La polémica por la visita de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a detenidos por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza, Buenos Aires (Argentina), suma un nuevo capítulo. El Gobierno confirmó que legisladores también estuvieron en el penal de Campo de Mayo, ubicado en la provincia de Buenos Aires.
Ante un pedido de acceso a la información pública del diario Página/12, el Ministerio de Seguridad confirmó que hubo “inspecciones de carácter institucional” por Ezeiza y Campo de Mayo, a este último, el 15 de marzo de este año. Sin embargo, se negó a responder si de esa visita participó la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Quiebre en el bloque oficialista
La visita realizada el 11 de julio pasado a genocidas en el penal de Ezeiza provocó la ruptura del bloque de LLA en la Cámara de Diputados. La legisladora Lourdes Arrieta, quien finalmente renunció a esa banca antes de que la expulsaran, reveló detalles de esa recorrida y expuso a otros funcionarios.
Arrepentida por la visita, Arrieta mostró mensajes de WhatsApp (perteneciente a Meta*) en los que los legisladores discutían sobre cómo mejorar las condiciones de alojamiento de los detenidos. Uno de ellos mostraba que el diputado Beltrán Benedit estaba organizando una visita para el 15 de marzo y que hasta había hablado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que les facilitara el ingreso a los penales.
Sin embargo, no hubo ninguna presentación ante las autoridades del Servicio Penitenciario Federal para describir cómo eran las condiciones de alojamiento. Tampoco hubo observaciones ante una consulta de la Justicia. Incluso, ni Arrieta ni la diputada Rocío Bonacci, otra de las diputadas de LLA, hablaron de haber observado las celdas, ya que la reunión con los genocidas en la cárcel de Ezeiza fue en el salón de usos múltiples.
Por otra parte, Arrieta aportó mensajes a la Justicia de los que se desprende que Guillermo Montenegro, otro de los legisladores que visitó a los detenidos en Ezeiza, habría acompañado a Villarruel, junto con otros legisladores, cuando la vicepresidenta visitó genocidas en las cárceles.
Una de esas visitas habría sido a Norberto Cozzani, mano derecha del exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, quien hasta el momento de su muerte, en 2022, cumplía una condena a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad. También habría estado con Alberto González, Juan Daniel Amelong y Héctor di Pasquale. La vicepresidenta argentina se justificó al afirmar que esas recorridas eran parte de un trabajo de campo para escribir un libro.
No obstante, ante la consulta acerca de los ingresos de Villarruel a los penales, desde el Ministerio de Seguridad respondieron que “sobre la base del análisis efectuado hasta aquí, la información no podrá ser brindada por no constatarse la existencia de un interés público que justifique su cesión”. Según Página/12, hay registros de ingresos de la funcionaria a unidades del Servicio Penitenciario Federal durante los últimos dos años.
