El ministro de Defensa alegó que la manifestación “pública y pacífica” ya está garantizada por la Constitución, pese a que la Corte determinó que las fuerzas de orden público han incurrido en prácticas de represión sistemática.
El titular de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, anunció este miércoles que el gobierno le solicitará a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que revise el fallo donde le ordena a varios demandados, entre ellos el propio ministro, garantizar el derecho a la protesta pacífica de los colombianos.
La petición de revisión se basa en que, a juicio del Gobierno, la manifestación o protesta “pública y pacífica” de los colombianos ya está garantizada por la Constitución Nacional y “se cumple dentro de una política de convivencia y seguridad ciudadana”.
En una breve declaración desde la Casa de Nariño, Holmes aseguró que la Fuerza Pública de Colombia cuenta con protocolos “ajustados a los estándares internacionales”, que incluyen el respeto a los derechos de quienes participan en protestas “públicas y pacíficas”, pero también “los de quienes no lo hacen”.
El ministro agregó que en el caso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), su intervención se presenta “exclusivamente” cuando se registran “acciones violentas e irracionales que constituyen un delito” por parte de los manifestantes.
“El Esmad no incurre institucionalmente en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019, en los que pudo existir exceso por parte de la Fuerza Pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes”, añadió el ministro.
El martes pasado, la Sala Civil de la CSJ falló a favor de 49 ciudadanos y movimientos sociales que consideran que el Gobierno colombiano y la Fuerza Pública reprimió de forma “sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” las manifestaciones de noviembre del 2019, en las que al menos tres personas fallecieron en disturbios con el Esmad.
Asimismo, la Corte decidió suspender el uso de escopetas calibre 12 por parte de las fuerzas antidisturbios de la Policía y ordenó al ministro de Defensa a presentar disculpas públicas a los manifestantes agredidos, en un plazo de 48 horas, por haber lesionado su derecho a la protesta.
