La sobrecarga impositiva se suma a las barreras burocráticas y el robo de cables, como elementos que frenan el desarrollo de conectividad en gran parte del territorio nacional.
Santo Domingo -.A pesar de ser un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier país, el sector de telecomunicaciones en República Dominicana parece comunicarse poco con la sociedad. La ausencia de interacción, sin embargo, no significa carencia de desafíos.
De hecho, los retos que enfrentan las empresas ligadas a las comunicaciones a nivel nacional son comparables a los del sector energético: desde el robo de infraestructura y la falta de mecanismos efectivos para la cobranza, hasta derechos poco claros que complican su operatividad.
Estas barreras no solo limitan la capacidad de esa industria para ofrecer servicios de manera eficiente, sino que también se reflejan en otros indicadores como la inversión extranjera directa (IED). Al analizar las cifras del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana), no solo es el nicho con menor apoyo monetario recibido, sino que también es el único con montos en negativo. Es decir, con salida de capital. En una década, acumula US$778 millones, mientras que otros, como Turismo o Energía superan los US$8,732 millones y los US$3,783 millones, respectivamente.
De acuerdo con Ley General de Telecomunicaciones 153-98, el acceso es tratado como un derecho fundamental en República Dominicana. Claudia García, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Comunicaciones y Tecnología (Comtec), explica que, aunque el acceso a Internet aún no está consagrado en la Constitución, el gobierno dominicano busca elevarlo a esa categoría. Esto crea una contradicción, según García, ya que mientras se intenta declarar el internet como un derecho esencial, el sector telecomunicaciones sigue siendo gravado como si se tratara de un producto de lujo o “un vicio”.
“Es curioso”, afirma García, “porque estamos hablando de un servicio fundamental, necesario para la sociedad moderna, pero que sigue siendo gravado de manera desproporcionada”. La ejecutiva destaca que, al no abordar adecuadamente la carga fiscal sobre el sector, se corre el riesgo de entorpecer los planes nacionales.
“Si revisas la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, te darás cuenta de que las telecomunicaciones son un eje transversal”, explica García. Tanto el Plan Nacional de Agenda Digital 2030 como el Plan de Conectividad Nacional descansan en la infraestructura y el crecimiento del sector de telecomunicaciones, sin embargo, ese desarrollo se muestra “rezagado”.
Impuestos
Los servicios de telecomunicaciones son gravados con tres impuestos, que, en su conjunto, alcanza un 30%. Primero está el 18% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), seguido con el 10% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y un tercero que agrega un 2% de Contribución al Desarrollo de la Telecomunicación (CDT).
Pero estas empresas en el país también enfrentan otras cargas impositivas que incluye un 31% en impuestos sobre los activos, aplicable solo si este impuesto supera el gravamen sobre la renta calculado en base a los beneficios. Además, deben abonar un 1% en impuestos municipales por la instalación de antenas y vallas publicitarias.
En el caso de las remesas enviadas al exterior, se aplica un 27% de retención en la fuente (WHT), aunque este porcentaje se reduce al 18% y 10% para Canadá y España, respectivamente, gracias a los acuerdos bilaterales establecidos. Por otro lado, las compañías también están sujetas a un 14% destinado a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) en concepto de aportes obligatorios y un 0.15% adicional por transacciones financieras. En conversación con elDinero, García citó que se cobra un 8% de arancel a los equipos utilizados en el sector, lo que incumple acuerdos internacionales que ya debieron haber eliminado esta carga impositiva.
Ante este panorama, la ejecutiva critica que, desde una perspectiva fiscal, las telecomunicaciones son vistas más como un objetivo recaudatorio que como un servicio esencial. “Lamentablemente, para el Estado es más cómodo gravar un sector altamente regulado y fiscalizado como el nuestro. Con más de 10 millones de usuarios, el sector es un blanco fácil para aumentar la recaudación”, sostiene. Esta realidad posiciona a República Dominicana como el segundo país en América Latina que más grava las telecomunicaciones.
De acuerdo con datos del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), los ingresos por servicios de telecomunicaciones del 2021 ascendieron a RD$92,510.99 millones, incrementado un 6.95% con respecto al 2020 y adicionando RD$6,014.76 millones a los ingresos percibidos el año anterior. Desde entonces, esa institución no ha reportado nuevamente los montos recaudados. Este medio intentó comunicarse activamente con el departamento de comunicaciones del Indotel, pero no obtuvo respuestas.
No obstante, datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) muestran que solo el Impuesto Selectivo sobre Servicios de Telecomunicaciones (IST) ascendió a RD$757.0 millones en 2023.
García señala que la DGII reportó en 2022 que el sector de telecomunicaciones soporta la mayor presión tributaria de la economía dominicana, con un índice de 75.2%. Además, este sector representó el 5.2% de las recaudaciones totales del Estado en ese año. Sin embargo, a pesar de su contribución significativa a las arcas nacionales, no cuenta con ningún tipo de incentivo o apoyo estatal, como sí lo tienen el turismo, la energía, zonas francas o el cine.
“La experiencia internacional ha demostrado que desgravar el sector de telecomunicaciones tiene un efecto positivo, ya que amplía la base de usuarios y mejora la situación económica y el desarrollo de la sociedad en general”, argumenta García. Explica que el peso de los impuestos es excesivo, pues por cada RD$100 gastados en telecomunicaciones, solo RD$70 se utilizan para el consumo real, ya que el resto se va en impuestos.
Inversiones
A pesar de los impuestos, en cuanto a la inversión privada, el sector de telecomunicaciones ha avanzado sin contar con mecanismos de incentivo o contraprestaciones por parte del Estado, aunque cuentan con la Ley General de Telecomunicaciones, que establece se debe promover la inversión en infraestructura.
En ese sentido, García denuncia que las condiciones son difíciles: “Invertir en telecomunicaciones es una tarea difícil, la falta de institucionalidad y las prácticas irregulares de muchas autoridades municipales han obstaculizado el despliegue de proyectos. Estas autoridades imponen trabas que no respetan los precedentes del Tribunal Constitucional y aplican arbitrios improcedentes”.
Esto explica, en parte, los resultados del informe “Conectividad significativa 2022”, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Los resultados revelan que solo el 21.5% de la población tiene conectividad significativa. El Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic), define la conectividad significativa como “conectividad disponible, de uso frecuente, útil, de calidad, segura, confiable, asequible (costo) y alcanzada por medio de un dispositivo adecuado”.
Al analizar las provincias destacadas, se observa que el Gran Santo Domingo, parte de la región Ozama, se alcanza un 29.2% de personas con conectividad significativa. Por su parte, zonas como Santiago, en la región Cibao Norte, esta cifra es del 23.9%.
En contraste, provincias fronterizas como Montecristi (13.3%), Elías Piña (11.1%) y Barahona (7.3%) muestran las proporciones más bajas en conectividad. Además, las zonas urbanas reflejan un mayor nivel de conectividad significativa, alcanzando el 23.8% de la población, mientras que en las zonas rurales esta proporción desciende al 9.5%.
A nivel nacional, el 46.3% de la población reside en hogares que contratan servicios de telecomunicaciones para el hogar.
Garcia se refiere a los obstáculos impuestos por algunas autoridades locales, que a menudo complican la actualización de tecnologías o la ampliación de la cobertura. “Hay comunidades que, por decisiones arbitrarias o barreras informales impuestas por autoridades locales, se ven privadas de los avances tecnológicos”, añade.
De hecho, se trata de una realidad que respaldan desde ProDominicana. Marcial Smester, director de inversión de ese organismo estatal señala que esta situación se debe a la complejidad del proceso de obtención de permisos, ya que cada municipio opera de manera independiente al Gobierno central. Smester explica que esta falta de coordinación dificulta el avance en la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones.
“Es un problema que hay que ir solucionando, pero no es sencillo”, afirma. “No se trata de una solución inmediata, sino de un proceso que requiere tiempo y planificación”, En este contexto, menciona que algunas medidas, como la implementación de sistemas de prueba, podrían contribuir a mejorar la situación, aunque no están garantizadas.
Una de las soluciones que propone Smester es considerar las telecomunicaciones como un asunto de seguridad nacional. Al hacerlo, se podría centralizar la regulación bajo un marco nacional, lo que facilitaría la obtención de permisos y permitiría una mayor agilidad en la implementación de servicios en diferentes municipios. Sin embargo, reconoce que no está segura de la viabilidad de esta propuesta.
A pesar de estos desafíos, las empresas del sector insisten en la importancia de fortalecer las telecomunicaciones para atraer inversión extranjera y diversificar la economía más allá del turismo. “No podemos depender únicamente de inversiones en el sector turístico”, recalca García. “El desarrollo de nuestras telecomunicaciones es clave para atraer a más empresas tecnológicas y consolidar nuestra economía digital”.
Desafíos
Otro problema que afecta al sector es la reventa ilegal de internet, lo que genera una competencia desleal que afecta la calidad del servicio y la conectividad. García explica que esta práctica consiste en que individuos adquieren planes de internet personales o comerciales de una empresa formal y luego crean pequeñas redes en sus localidades, ofreciendo este servicio degradado por precios muy bajos. Esto afecta las mediciones de calidad de internet, ya que el servicio que reciben los usuarios a través de estos revendedores ilegales es de baja calidad.
A pesar de que Indotel está al tanto de esta situación, las acciones para combatir la reventa ilegal han sido limitadas. Aunque la ley existe para sancionar esta práctica, García menciona que falta una voluntad real para ejecutar y aplicar las sanciones correspondientes.
Un ejemplo notable de esta problemática es lo que ocurre en Ciudad Juan Bosch, un proyecto habitacional administrado por el Ministerio de la Presidencia. Las empresas de telecomunicaciones han tenido prohibido el acceso para desplegar su infraestructura formal de internet en muchas áreas, especialmente en las etapas más recientes del proyecto.
Como resultado, un alto porcentaje de los residentes depende de revendedores ilegales para acceder a internet, lo que afecta la calidad percibida del servicio. Esto genera quejas generalizadas sobre la mala conectividad en la zona, cuando en realidad no se está recibiendo internet de una prestadora oficial, sino de revendedores informales.
A esto se suman los robos de cableado y otros activos. Se trata de otro reto que enfrentan las empresas de telecomunicaciones, y el impacto de estos robos en 2023 ha sido significativo. García menciona que se registraron más de 130 casos de robo de cable y otros activos, con un costo de reposición que excede los US$3,000 millones. Este monto no incluye las pérdidas comerciales ni el impacto en los usuarios que sufren interrupciones del servicio.
Además del robo de cableado, también se reportaron más de 300 casos de robo de baterías, elementos eléctricos, gasoil y otros insumos de las redes. Estos robos dejan comunidades enteras sin servicio, ya que las operaciones de las celdas dependen de estos activos. Asimismo, cita como un problema recurrente los daños ocasionados por excavaciones para proyectos de construcción, como el metro, que provocan la ruptura de cables de fibra óptica.
Las empresas no solo deben asumir los costos de reparación, sino que también están obligadas, por regulación, a restablecer el servicio en cuestión de horas para evitar penalidades administrativas del Indotel y aplicar créditos a los usuarios afectados.
Claudia García hace un llamado aparentemente simple, pero no menos importante: el cumplimiento de las leyes y la reducción de la presión fiscal son fundamentales para el crecimiento sostenido del sector. “No pedimos más incentivos, solo que se cumpla lo que ya está establecido”, concluye.
Alianzas público-privadas
El experto en tecnología Juan Manuel Medina señala que la calidad del internet es clave para atraer inversión extranjera. Las empresas multinacionales buscan países con infraestructuras de telecomunicaciones sólidas para asegurar operaciones eficientes y competitivas.
Aunque se han hecho inversiones para mejorar la infraestructura en República Dominicana, el experto entiende que aún es necesario un enfoque constante en el soporte y mantenimiento de tecnologías avanzadas, como la fibra óptica y el 5G.
Además, destaca la importancia de las alianzas público-privadas para impulsar proyectos de infraestructura a nivel nacional, cruciales para la evolución de las telecomunicaciones, beneficiando el comercio electrónico y las fintech, así como a la sociedad en general.
Autoridades locales
La Ley 176-07, que regula el funcionamiento de los ayuntamientos en República Dominicana, para García, fue mal interpretada en relación con la Ley General de Telecomunicaciones. El artículo 284 de la Ley 176-07 establece que los ayuntamientos pueden cobrar un 3% de arbitrios sobre ciertos servicios, como energía y telecomunicaciones, cuando las infraestructuras atraviesan sus jurisdicciones.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha reafirmado que la Ley General de Telecomunicaciones es especial y establece dos puntos clave:
1. Las empresas de telecomunicaciones solo pueden estar sujetas a impuestos generales, lo que significa que ni el gobierno central ni los gobiernos municipales pueden imponer arbitrios específicos a sus proyectos.
2. La ley incluye un régimen de servidumbre que permite a las empresas desplegar sus redes en espacios de dominio público, sin que los ayuntamientos puedan obstruir estos trabajos. A pesar de esta claridad legal, algunos ayuntamientos continúan imponiendo arbitrios ilegales, creando una barrera significativa para el desarrollo del sector.
Este tipo de prácticas irregulares no solo retrasan proyectos, sino que obligan a las empresas a redirigir sus inversiones hacia zonas con mejores condiciones legales. Como resultado, la conectividad en muchas áreas rurales o de menor población es deficiente, no porque las empresas no quieran invertir, sino porque las trabas municipales lo hacen inviable.
