El auto, fechado el 19 de mayo, se ha conocido el día después de que el candidato a la presidencia de Colombia ganara la primera vuelta de las elecciones.
Un juez en España ha admitido a trámite una denuncia contra el candidato a la presidencia de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, que militó en el grupo guerrillero M-19 durante su juventud, en los años 70 y 80, y al que atribuyen una serie de delitos, entre los que se encuentra el secuestro del periodista Fernando González Pacheco.
En un auto del 19 de mayo, conocido un día después de que Petro ganara la primera vuelta de las elecciones presidenciales con algo más del 40 % de los votos, el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea expone que la admisión se produce a “los solos efectos” de “ofrecer a los herederos de la víctima de secuestro, Fernando Gonzales Pacheco, la posibilidad de ejercer acciones penales”.
La decisión tiene lugar toda vez que la Fiscalía se ha opuesto a la admisión de la denuncia, al no encontrar nexos suficientes para que la jurisdicción española pueda hacerse cargo de este caso.
Interpuesta por un abogado sin conexión con los familiares de la víctima
La demanda ha sido interpuesta por el jurista y periodista colombiano François Roger Cavard. “Es una de las 40 denuncias criminales que yo denuncio y pongo en conocimiento de la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo”, ha declarado el abogado a W Radio sobre el caso del periodista.
Durante su intervención en la radio, Cavard ha reseñado que el concepto de jurisdicción universal y el precedente del dictador Pinochet, que intentó ser juzgado en España por el juez Baltasar Garzón, le motivó a “durante cuatro años redactar esta denuncia, en la que no va solamente la noticia criminal del secuestro de Pacheco”, pero que “por motivos de tiempo y espacio” se ocupó de 40 casos que resultaron “en una denuncia de 800 páginas”.
Roger Cavard asegura que su denuncia “no tiene cálculo político”, a pesar de que “han transcurrido más de 32 años” y que se ha presentado en vísperas del proceso electoral. Cuenta que hace cuatro años descubrió que Gustavo Petro no está amnistiado ni indultado y dice que es algo que tiene “certificado por el ministerio de Justicia del Derecho”. También relata que interpuso unos recursos en Colombia que le fueron negados.
Sin embargo, a pesar de ser el artífice de esta denuncia, dice que no conoce a la familia de Fernando González Pacheco: “No, absolutamente no he tenido la posibilidad de conocerles“, asegura.
Requisito: verificar la nacionalidad española
El juez español, por su parte, deja claro que “tan solo el caso
del secuestro del periodista resultaría (en este momento) con una aparente vinculación con la Jurisdicción española”.
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Así, el magistrado acuerda una inicial diligencia de investigación, con la que pretende corroborar si el periodista tenía nacionalidad española en el momento del delito denunciado, dado que se alega que había nacido en suelo español, y al mismo tiempo verificar “con las autoridades competentes de la República de Colombia, que el denunciado, Gustavo Francisco Petro Francisco Urrego, no goce de estatuto de amnistiado ni indultado, y especialmente, que no haya sido investigado, absuelto o condenado por los hechos objeto de este procedimiento”, dice el auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión del juez en apelación ante la Sala de lo Penal.
El demandante relata en su escrito de denuncia que en el M-19 durante al menos dos décadas, en los 70 y 80, “emplearon de manera sistemática e indiscriminada el secuestro de personas, así como la tortura y el asesinato” y asevera que a Petro, que en su juventud militó en este grupo, “jamás se le ha llamado a rendir cuentas ante la Justicia”. Así, la denuncia sostiene que el político con respecto a estos hechos no tiene condición “ni de condenado, ni de amnistiado o indultado”, sino que se le considera ‘desmovilizado’.
De esta manera, el juez estima que en estas condiciones los hechos denunciados con respecto al secuestro del periodista serían susceptibles de enjuiciarse fuera de Colombia al no haber sido investigados allí, en el caso de que se verificase la presunta nacionalidad española de la víctima.
Por ello, el magistrado, además de dirigirse a las autoridades colombianas para verificar esos extremos, ofrece al candidato presidencial personarse en estas diligencias, para tener la oportunidad de defenderse.
Asimismo, Gadea advierte de que el secuestro del periodista, que falleció de una enfermedad cardiaca en 2014, solo podría ser perseguido en España tras la interposición de una querella por el Ministerio Fiscal o por el agraviado, en este caso, por sus herederos, sin cuya participación la causa decaería.
