Entre los sospechosos hay empresarios, abogados y un funcionario. Por otro lado, un informe detalla que 52,2 % de menores yanomamis atendidos en 2022 estaban por debajo de su peso ideal.
La Policía Federal (PF) de Brasil lanzó un operativo este martes en los estados de Roraima, Goias y Sao Paulo contra una banda sospechosas comercializar con oro extraído ilegalmente de la Tierra Indígena Yanomami, en la región amazónica.
En un comunicado, la PF explicó que entre los sospechosos se encuentran empresarios, abogados y un funcionario. Asimismo, añade que la organización criminal movió 422 millones de reales (81,9 millones de dólares) en cinco años.
Las investigaciones comenzaron tras la detención de un vehículo con cuatro millones de reales (777.000 dólares) en efectivo en su interior. Las autoridades se dieron cuenta que este monto era solo una parte de “sucesivas adquisiciones de oro” ilegal en Roraima.
Por otro lado, desde que la semana pasada comenzaron las operaciones en Tierra Indígena Yanomami contra los ‘garimpeiros (mineros ilegales)’, se destruyeron cuatro aeronaves -tres avionetas y un helicóptero-, un tractor y seis embarcaciones. También se incautaron 6.000 litros de combustible, dos generadores, cerca de una tonelada de alimentos, congeladores y antenas de Internet, entre otras cosas.
Desnutrición infantil
En medio de estas operaciones, un estudio realizado por el Departamento de Atención Primaria de Salud Indígena, recogido por la prensa, indica que más de la mitad de niños yanomamis de hasta cinco años, que fueron atendidos en los últimos ocho años en los centros de salud, estaban por debajo de su peso ideal.
Concretamente, en 2022, de 4.040 niños atendidos, un total de 2.019 presentaban un déficit de peso, lo que supuso un 52,2 %. Sin embargo, en 2021, se registró el mayor pico cuando un 56,5 % de los menores de edad registraron problemas de paso.
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva informó en enero que en 2022 murieron 99 niños yanomamis por desnutrición, neumonía o diarrea –todas enfermedades evitables–, y en los cuatro años de gestión de Bolsonaro fallecieron 570 menores en todo el territorio.
Esta alarmante situación llevó al Ejecutivo a decretar el estado de emergencia sanitaria y lanzó las operaciones contra los mineros que, entre otras cosas, usan mercurio que contamina ríos y propagan enfermedades que muchas veces terminan siendo letales para los nativos.
Los buscadores de oro llevan décadas ilegalmente instalados en esa y otras reservas, pero durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) se sintieron respaldados por su discurso a favor de la explotación comercial de las áreas protegidas, por lo que aumentaron en número y poderío.
La labor de los uniformados se centra ahora en golpear la infraestructura que usan los mineros, como pistas de aterrizaje o maquinaria, y en la búsqueda de pruebas de sus prácticas criminales.
