María Elena Vásquez, presidente de ProCompetencia, afirma que la función de abogacía resulta más positiva para consumidores.
Santo Domingo, RD.- Está comprobado que la existencia de agencias de competencia sólidas y fuertes son de vital importancia para el crecimiento y desarrollo económico de un país. Evitar que haya prácticas anticompetitivas es positivo, toda vez que los más beneficiados siempre serán los consumidores porque acceden a mejores productos y a una diversidad más amplia de oferentes en el mercado.
Así lo considera la presidente del consejo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Tavares, quien, junto a su equipo, ha centrado su trabajo en fortalecer la función reguladora y promotora de esa institución.
Destaca que el rol principal de ProCompetencia es promover y defender la libre competencia en el mercado para que todos los agentes económicos, sin distinción del sector al que pertenezcan, estén en capacidad de competir en igualdad de condiciones.
Explica que la economía se beneficia de un sector que opere en igualdad de competencia porque, entre otras cosas, los inversionistas, locales y extranjeros, lo primero que observan al entrar en un mercado son las condiciones de seguridad jurídica y si podrán competir con reglas claras y justas.
“Observan antes de invertir si van a poder entrar a ese mercado y si se respetan las reglas; si hay seguridad jurídica, si podrán competir en igualdad de condiciones con los agentes económicos que ya existen”, sostiene.
Vásquez Tavares señala que mucha gente considera que ProCompetencia sólo se limita al rol de defensa y a sancionar. Sin embargo, destaca que, en su caso, “tiene igual valor la abogacía de la competencia que la defensa de la competencia”, porque se inscribe entre quienes creen más en la prevención que en la sanción.
En este sentido, explica que con la función de abogacía es justamente lo que hace ProCompetencia, que no es más que prevenir que se produzcan prácticas anticompetitivas a través de diversos mecanismos. Refiere los informes previos a las normas y proyectos legislativos sometidos al Congreso Nacional y relacionados con los sectores regulados.
“Creo más en la prevención y en la educación. Nosotros hacemos una serie de informes que son no vinculantes, pero que revisamos, por ejemplo, todas las normativas que cursan en el Congreso Nacional y los sectores regulados. Prevenimos que se den prácticas anticompetitivas, pero también que no se generen barreras de entrada, barreras normativas, que son las más difíciles de sortear”, explica.
Refiere que durante 2022 se emitieron 17 informes de abogacía de la competencia y se revisaron 115 iniciativas legislativas, entre los cuales estuvo el que se elaboró para la propuesta de tasa cero sometida por el Gobierno a raíz de las medidas para contrarrestar la inflación. “Nuestras recomendaciones fueron tomadas en cuenta. Sugerimos que se establecieran cuotas de importación porque era por un plazo de seis meses”, explica.
La presidente de ProCompetencia refiere que, a diferencia de otras legislaciones, la norma a esa institución incluye un capítulo dentro de los derechos fundamentales de la Constitución, pero además como un principio rector de la economía nacional, por lo que también está atado el desarrollo humano.
Sobre si las acciones que inicia ProCompetencia son por iniciativa propia o tienen que ver con alguna alerta del mercado, a través de terceros, explica que una de las cosas que se han hecho es estrechar lazos con las instituciones con las cuales trabajan, entre las que está el Congreso Nacional.
En este orden, se acordó que cada vez que hay una propuesta legislativa que pudiera afectar la libre competencia, los diputados o los senadores se las envían para su análisis. De todos modos, asegura, desde ProCompetencia se mantienen monitoreando la agenda legislativa para, en caso de ser necesario, emitir los informes de abogacía.
Destaca, además, que los sectores regulados tienen la obligación de remitir a ProCompetencia todos los proyectos de reglamento o resolución que estén en proceso de emitir, en virtud del Artículo 20 de la Ley 42-08. Refiere que también elaboraron un informe de abogacía sobre la regulación de los taxis, el cual fue acogido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) respecto al acceso de este medio de transporte a los aeropuertos y zonas turísticas. Lo propio hizo con el proyecto de ley de ecoturismo y de Telecomunicaciones, así como un reglamento relativo a la seguridad social, entre otros.
Consumidores
La presidente de ProCompetencia está convencida de que “las acciones en ProCompetencia influyen directamente en el bolsillo de todos los consumidores y usuarios”. Lo afirma porque cuando esa institución identifica una falla en el mercado, que es una práctica anticompetitiva, lo que se hace es evitar que los compradores finales salgan perjudicados, pues no sólo reciben mejores precios, sino también una calidad superior.
Vásquez Tavares llama a la población a interesarse más por los temas de competencia en el mercado, ya que esa es una institución que no sólo trabaja con los agentes que venden un producto u ofrecen un servicio. En este orden, señala que la libre competencia garantiza mayor variedad de productos, más innovación, mejor calidad, más inversión de las empresas en la productividad y, por supuesto, también más fuentes de empleo. Destaca que el Estado también se beneficia que haya un mercado que funcione, pues compra a mejores precios, traduciendo esos recursos en beneficio de la población.
Otro aspecto que destaca, además del derecho de la competencia en el ámbito de los informes de abogacía, es todo lo relacionado con la promoción de la Ley de Defensa de la Competencia. En este orden, refiere, se impartieron 32 capacitaciones que incluyeron instituciones públicas, academias, gremios y asociaciones empresariales.
“Esto es para nosotros formar en materia de competencia a los ciudadanos, los agentes económicos y las instituciones públicas, porque las instituciones públicas también compran y venden. En ese proceso de promoción se enseñan lo que son los mandatos de la ley 42-08. ¿Cómo denunciar ante ProCompetencia? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Cuáles son las sanciones que se podría establecer en caso de incurrir en una práctica anticompetitiva? Y hemos estado en este proceso porque eso es un mandato de nuestra norma y con eso trabajamos para prevenir es la conducta anticompetitiva”, explica.
Según detalla, otra parte de la abogacía de la competencia está conformada por los estudios económicos. Sólo en 2022, indica, se elaboró uno sobre las compras y contrataciones públicas, ya que representan cerca del 31% del Presupuesto del Estado.
Afirma que como entidad estatal tiene que velar por que se den con transparencia y se respete la libre competencia, con el objetivo de que no haya colusión. Vásquez Tavares refiere que es justamente en los procesos de contrataciones públicas donde debe haber mayor transparencia. Recomendó que ProCompetencia participe de manera preventiva en los procesos de elaboración del pliego de condiciones para evitar la colusión, ya que “ahí es donde se bate el cobre”.
La funcionaria también refirió un informe de abogacía sobre el impacto de las ayudas estatales, así como el impacto social y económico de la Ley 28-01, la cual fue prorrogada otros 20 años, donde se determinó que realmente no ha sido una legislación que ha afectado la competencia.
“Nos dejó una lección muy importante. No se trata de que existan leyes que sirvan para fomentar determinados sectores, sino que se tomen mecanismos para hacer aplicables esas leyes. Vimos que esta legislación tuvo un bajo impacto y no fue lo que se esperaba, por lo que no generó competencia desleal porque no todas las empresas que se esperaban que se instalaran, lo hicieron. También vimos el tema del acto costo que representa para las empresas instalarse en un área tan deprimida. Además, es un mandato de la Constitución proteger esa área tan deprimida de nuestro país”, explica.
En lo que respecta a sanciones, indicó que el año pasado se aplicó una por entrega de información falsa la dirección ejecutiva de ProCompetencia, mientras que a finales de febrero se emitió una decisión que fue muy relevante sobre competencia desleal, en la que no se admitió a trámite una solicitud de la dirección ejecutiva en un caso específico.
Conciencia
Sobre el nivel de conciencia que tienen los agentes del mercado respecto a la importancia de ProCompetencia, Vásquez Tavares entiende que esa es, aún, “una de nuestras grandes debilidades, por no decir la más grande”. Considera que el desconocimiento de los agentes económicos y de la sociedad en su conjunto, sobre la importancia que tiene esa institución, es un reto, ya que juega un rol trascendental para lo que es el desarrollo del país.
Esto así, sostiene, porque los agentes económicos deberían estar conscientes de la importancia de ProCompetencia para que haya más empleos, que los consumidores reciban productos a más bajo precio, con mejor calidad y variedad.
Asegura que es justamente por eso que su gestión se ha embarcado en la creación de una cultura de libre y leal competencia, tratando de que los ciudadanos y actores del mercado conozcan la norma y el rol de ProCompetencia. Resaltó que es importante seguir generando confianza para que todos sepan que en esa institución los derechos están garantizados.
Respecto a las barreras de entradas que pueden identificarse con facilidades, reconoce que en República Dominicana es necesario trabajar en la simplificación de trámites. Sin embargo, entiende que la informalidad representa un reto para el mercado, ya que un alto porcentaje de la economía es informal, incluyendo los empleos. “Hay barreras estructurales que como país tenemos que enfrentar y propiciar la formalidad”, sostiene.
En lo que respecta al papel de ProCompetencia, considera que muchas personas entienden que su función es únicamente sancionar “y que si nosotros no sancionamos a los agentes económico, no estamos cumpliendo con nuestro rol y la ley establece una serie de atribuciones y por eso le hablaba del tema de la abogacía de la competencia”.
Señaló que la legislación obliga a educar en temas de competencia para prevenir que haya, por ejemplo, barreras de entrada, ya que a fin de cuentas son las barreras más difíciles de sortear.
Los retadores
La presidente de ProCompetencia admite que en todos los mercados siempre habrá sectores más retadores que otros. Obviamente, afirma, los más difíciles son los que presentan mayor concentración porque son los que tienden justamente a incurrir en prácticas anticompetitivas. En este orden, recordó que hace seis meses se puso en circulación un observatorio a través del cual se monitorea el mercado.
“Hay sectores que aparecen, por ejemplo, en alerta roja, siguiendo los criterios que tenemos en el semáforo. Hay una serie de criterios que se establecen en el semáforo para determinar el nivel de concentración y entonces, a partir de ahí, se ponen en rojo, amarillo o verde, pero eso va cambiando dependiendo de cómo fluye el mercado”, explicó. Sin embargo, refiere que están los llamados “monopolios naturales”, los cuales se dan por la eficiencia económica y posición dominante, producto de su buen desempeño en el mercado en que operan.
Cooperación
La presidente de ProCompetencia destacó el proceso para someter el año próximo un proyecto de modificación de la Ley 42-08, para lo cual cuentan con el apoyo de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), haciendo un levantamiento de buenas prácticas en materia de libre y leal competencia, pero también de las brechas de la legislación dominicana.
Afirmó que lo que se busca es identificar cuáles aspectos requieren actualización. “Eso lo tenemos, pero estamos esperando justamente el resultado de este examen entre pares para, a partir de todas estas recomendaciones, de esos modelos de buenas prácticas, actualizar y proponer a la sociedad dominicana una Ley de Defensa de la Competencia que vaya acorde a esos estándares internacionales, pero sobre todo que sea una ley nuestra, no una copia, sino que responda a las necesidades que tenemos nosotros como país”, sostuvo.
Según Vásquez Tavares, en todos los países las leyes de competencia han experimentado modificaciones, actualizaciones, porque esta materia del derecho de la competencia ha tenido un auge muy importante en los últimos años. Resaltó que en los años 90 apenas había alrededor de 38 agencias de competencia y ahora existen alrededor de 148.
