La también vicepresidenta emprende un periplo por EE.UU., que incluirá visitas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A dos días de haber sido oficializado su nombramiento como canciller de Colombia, la también vicepresidenta de ese país, Marta Lucía Ramírez, emprenderá una gira por EE.UU. para hacer frente a una crisis de Gobierno, que ha escalado a nivel diplomático, luego de tres semanas de protesta social y represión policial. 

Desde este viernes y hasta el próximo 27 de mayo, Ramírez viajará a las ciudades de Nueva York y Washington para reunirse con miembros del Gobierno estadounidense, con congresistas norteamericanos y con organismos de derechos humanos, en un momento en que la administración de Iván Duque se encuentra bajo observación nacional e internacional por las denuncias contra los excesos de la fuerza pública, el manejo de la pandemia y los indicadores económicos.

El día de su nombramiento, Duque dejó claros cuáles eran los objetivos de su nueva ministra de Exteriores: fortalecer las relaciones bilaterales, afianzar su presencia en “espacios multilaterales” y, muy especialmente, reafirmar el “talante democrático” de Colombia y la imagen de un país “siempre respetuoso de los derechos humanos”. 

DDHH vs. economía

El jueves, durante su participación en las reuniones con el Comité Nacional de Paro, Ramírez adelantó que llevaría un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que ya ha manifestado su “más profunda preocupación por la gravedad y el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales”.

La participación de Ramírez en ese espacio ha causado polémica, ya que es lo contrario a lo que han exigido la oposición y el Comité de Paro Nacional: la presencia en Colombia de una comisión de la CIDH para verificar los hechos denunciados y garantizar el cumplimento de los protocolos para la resguardar el derecho a la protesta. 

El lunes, la jefa de la diplomacia colombiana prevé viajar a Washington para participar en el Consejo de las Américas, con el objetivo de comunicar”los principales logros y retos” de su país en lo tocante a las inversiones, la migración y “la situación económica y social que afronta el país”, detalló el equipo de prensa a RCN.

Casi desde el inicio de las protestas, el discurso de la Administración de Duque ha sido el de rechazar las movilizaciones, denunciando de “vándalos” a los manifestantes y recalcando el impacto que tienen en la economía. Sin embargo, los indicadores de antes del Paro ya eran preocupantes, en vista de que solo en el último año, más de 6 millones de colombianos pasaron a engrosar la lista de nuevos pobres.

No obstante, la canciller colombiana se mantiene en esa misma línea. Un día antes de ser nombrada en el cargo, Ramírez se estrenó como columnista en el diario El Tiempo, y escribió: “El vandalismo, toques de queda y bloqueos en el marco de los paros, significarán otra caída [de la economía]. Según el Ministerio de Hacienda, el paro cuesta 480.000 millones de pesos por día, suma suficiente para subsidiar la vivienda a 24.000 familias, o construir 2.500 kilómetros de vías terciarias cada día. Esta situación perjudica injustamente a consumidores, empresas y al pueblo colombiano”.

El enfoque de la canciller tiene un costado aún más controvertido, ya que en esa misma columna, la política conservadora culpó de las actuales protestas al punto 2.2 del Acuerdo de paz, firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC, y de al que ella fue una de sus principales opositoras.

Ese punto del acuerdo, que establece los mecanismos para la participación ciudadana y las garantías del derecho la protesta, es considerado por Ramírez como el boquete que convirtió a Colombia “del país del conflicto al país ‘en modo protesta y modo paro”. Con esa postura de férrea oposición a las manifestaciones, la canciller viajará a EE.UU. para tratar de hacer ‘lobby’ y mejorar la deteriorada imagen del Gobierno de Duque en el contexto de las movilizaciones.

Apoyo de EE.UU.

Pero en el centro de las prioridades de la gira de Duque está la relación con EE.UU. Hasta ahora, Washington ha mantenido un tono suave con su principal aliado en Suramérica, a pesar de las escenas de violencia que han ocasionado la indignación de parte de la comunidad internacional.

La víspera, Amnistía Internacional (AI) solicitó a EE.UU. la suspensión inmediata a de la venta directa de armas, equipo y tecnología a Colombia, ya que han sido usadas por la fuerza pública para reprimir a la ciudadanía desde el pasado 28 de abril.

“El papel de Estados Unidos en alimentar los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es indignante”, expresó en un comunicado de prensa Philippe Nassif, director de promoción de la oficina de Amnistía Internacional en EE.UU.

Según medios locales, Ramírez prevé reunirse con representantes de la administración de Joe Biden y congresistas de diverso signo político, una posición comprensible ante los cuestionamientos que hubo a principios de mayo por parte de algunos legisladores que incluso invocaron la aplicación de la Ley Leahy, una normativa que prohíbe a EE.UU. apoyar a fuerzas de seguridad que participen “en graves violaciones de los derechos humanos”.

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