Se desconoce si aún hay agentes secuestrados en otras prisiones. Las autoridades informaron la noche del jueves que eran 57 los funcionarios en manos de los reos.
Al menos 44 miembros de la fuerza pública que se encontraban retenidos por presos del Centro de Privación de Libertad (CPL) Turi, en Cuenca, provincia de Azuay, al sur de Ecuador, fueron liberados.
La liberación fue confirmada por la gobernadora de Azuay, María Consuelo Orellana, quien, en declaraciones a la prensa, precisó que se trata de 34 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (CSVP) y 10 policías.
Los uniformados estuvieron secuestrados por los reos desde la mañana del miércoles 30 de agosto y fueron liberados la noche del jueves. Orellana indicó que todos fueron sometidos a una evaluación de salud.
Asimismo, la gobernadora aseguró que se ha retomado el control en el centro penitenciario y que el personal de seguridad llevaba a cabo una evaluación en el recinto. Durante la mañana del viernes ya no se vio a los presos sobre los techos de la cárcel, como sí ocurrió el miércoles y jueves durante el motín.
Se desconoce si aún hay uniformados retenidos en otras prisiones.
En el último comunicado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el departamento estatal encargado de custodiar y administrar las cárceles de Ecuador, emitido cerca de las 20:00 [hora local] del jueves, se informó que el número de policías y guías penitenciarios secuestrados por los reos alcanzaba los 57 y estaban en seis centros de reclusión del país.
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Contradicciones
La información oficial es contradictoria, puesto que en el reporte del SNAI se especificaba que de esos 57 uniformados, 50 eran miembros de la seguridad carcelaria y apenas 7 eran policías —un número menor de agentes policiales al indicado por la gobernadora—.
Según el SNAI, las acciones de los reos en las prisiones sería “una respuesta de los grupos criminales ante las intervenciones de la fuerza pública en los centros penitenciarios del país, cuyo propósito es el decomiso de objetos prohibidos que son utilizados en hechos violentos”.
Actualmente, Ecuador atraviesa por una crisis de inseguridad y violencia, que se vive tanto en las cárceles como en las calles del país. En todo el territorio rige un estado de excepción, decretado por el presidente Guillermo Lasso el pasado 10 de agosto, un día después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
