Santo Domingo, RD.-Para nadie es un secreto que la crisis económica que está dejando la pandemia del coronavirus (covid-19) ha impactado mayormente a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores. En efecto, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se perderá alrededor de 195 millones de empleos en todo el mundo, al tiempo que desaparecerán millares de empresas fruto de esta crisis sanitaria, con lo cual está habiendo una disminución significativa en la demanda de bienes y servicios y, obviamente, también en la oferta.
Como consecuencia de esta situación, se ha de suponer que los trabajadores precisan de ingresos para paliar las penurias que esta crisis sanitaria ha dejado a su paso, lo que no ha podido ser subsanado por los gobiernos, en algunos casos por su incapacidad redistributiva, y en otros por las dificultades económicas que también la administración pública ha tenido en términos de captación de recursos por impuestos e incremento de gastos en salud.
Frente a esta circunstancia, hemos encontrado mentes creativas que, en el rio revuelto, han propuesto ideas y proyectos que calaron en una parte de la población, sobre todo aquella que, por desconocimiento y/o falta de información, no pueden medir en su justa disminución las consecuencias que traerían la aprobación este tipo de proyectos.
La referencia viene a cuento por el proyecto de ley que presentaron algunos diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que busca devolverles a los trabajadores dominicanos el 30% de los aportes que han realizado a los Fondos de Pensiones o, lo que es lo mismo, un retiro anticipado de estos recursos. Uno de los argumentos que se esgrime para la presentación de esta iniciativa legislativa, es que estos trabajadores, con esos recursos, puedan paliar la crisis económica que están viviendo como resultado de la Pandemia. Esta idea pudiera ser aplaudida, y hasta razonablemente aprobada, sino fuera porque detrás de ella existen más perjuicios que beneficios para los que viven de un sueldo o salario.
Dejando fuera la ganancia política que buscan los que presentaron el proyecto de ley, sobre todo de cara a las elecciones de este próximo 5 de julio, conviene analizar cada uno de los elementos que implican perdidas futuras para aquellos trabajadores que, llegada la finalización de su vida útil laboral, van a necesitar de ingresos permanentes para llevar una existencia relativamente digna, con posterioridad a haber alcanzado la edad de retiro. Lo primero es que los Fondos de Pensiones no pueden verse como Fondos de Emergencia pues, si fuera así, con cada catástrofe nacional tendríamos que recurrir a estos, lo que haría perder la esencia de su vigencia.
Un segundo elemento que explica la naturaleza de los Fondos de Pensiones, es que los mismos forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Social, es decir, que no puede ser visto como un ente aislado, sino que tiene una lógica sistémica y estructural, y basa su operación en un todo integral que implica la captación de esos recursos, su intermediación, su colocación para la ganancia de capital, su acumulación y expansión, la regulación del sistema y, finalmente, la devolución en un período de tiempo establecido. En función de esta explicación, la devolución anticipada de los Fondos de Pensiones tendría que ir acompañada de una modificación de la Ley de Seguridad Social, con las modificaciones también de sus diferentes sistemas y subsistemas.
Adicionalmente, existe un argumento que debería ser más que válido para parar un proyecto de este tipo y tiene que ver con el funcionamiento de la economía y, en particular, del Sistema Financiero Dominicano. Como todos deben saber, los Fondos de Pensiones se nutren de los aportes de los trabajadores mediante cotizaciones mensuales (2.87%) que se deducen de los sueldos y salarios que paga el sector formal, así como de las contribuciones que realizan los empleadores (7.10%). Estos recursos se acumulan y son distribuidos, un porcentaje, entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) creadas por ley, quienes están comprometidas a invertir esos recursos, asegurándose una rentabilidad adecuada como para alimentar la capitalización individual.
Casi en su generalidad, los fondos que administran las AFP están colocados en el sistema financiero en forma de instrumentos financieros, es decir, bonos y títulos de deuda, los cuales tienen un rendimiento mayor al que genera una cuenta de ahorro en un banco o un certificado financiero; y tienen un período de vigencia que se acuerda con los tenedores de esos títulos. Esto implica que, para convertir en líquidos esos instrumentos, habría que esperar su tiempo de caducidad o reformar la ley para viabilizar su devolución.
Pero supóngase que las AFP tienen esos fondos líquidos y que pudieran devolverse mañana mismo pero, ¿cuáles serían las consecuencias en el orden económico? En las aulas universitarias nos enseñaron que cuando aumenta la demanda de bienes y servicios es casi probable que suban los precios, sobre todo si dicha demanda ocurre por el aumento en la cantidad de dinero en circulación, sin que haya habido una expresión en el ámbito de la producción y la oferta. Se estima que un 30% de los fondos acumulados representaría unos 171,000 millones de pesos, que irían al mercado a consumir artículos que, en muchos casos, no serían de primera necesidad como se argumenta en el proyecto de marras.
Pero ahí no termina el asunto. Se puede complicar si un porcentaje de esos fondos se dedican a comprar dólares, porque se estima que la tasa va a subir, lo cual se traduciría en un aumenta de dicha tasa con la consecuente subida de los precios vía el encarecimiento de los costos para las empresas. Así, los ingresos obtenidos se podrían evaporar rápidamente con la inflación, sin que haya remedio para esa enfermedad que no sea sacando de circulación esos recursos mediante un aumento en las tasas de interés, las cuales ya habrían subido al sacarle fondos al sistema. Es decir, habría pérdida por partida triple: incremento de la inflación, aumento de la tasa de cambio, subida de la tasa de interés y, como colofón, un estancamiento del producto bruto interno. Históricamente, estas circunstancias lo que siempre han conducido es a un empobrecimiento mayor de los trabajadores formales e informales.
Sin embargo, quizás el argumento mayor para invalidar un proyecto de este tipo, es que los trabajadores no pueden financiar con sus propios recursos la crisis económica creada por la pandemia; eso debería ser materia del Estado quien, a través de diferentes mecanismos, podría implementar acciones, como muchas de las que ya ha implementado, que impidan un mayor deterioro de la calidad de vida de la gente. Se estima que el retiro anticipado de los fondos de pensiones “representaría para el 75% de los trabajadores, un aporte de entre 12,000 y 36,000 pesos”, sumas irrisorias como para sacrificar ingresos que asegurará en su vejez.
Fuertes críticas se han realizado a la gestión alrededor de los fondos de pensiones, las cuales han sido tomadas como razón suficiente para aprobar el proyecto. Una de ellas es que las AFP compraron de manera repentina instrumentos del Ministerio de Hacienda por alrededor de RD$40,000 millones, con lo cual demostraban que había liquidez. Aunque la decisión de realizar la operación fue bastante inoportuna y enviaba un mensaje errado a la población, no es menos siempre que dicha operación se hizo a la luz de lo que establece la ley.
Otra crítica se inscribe en el hecho de que, se dice, que las AFP tienen secuestrado recursos de fallecidos que deberían ser devueltos, con mayor agilidad, a los familiares. Ahí hay un punto que una potencial modificación de la ley debe atacar. Una última crítica que se hace, es que las ganancias de las AFP son excesivas y su nivel es incongruente con lo que acumulan los trabajadores. En esta parte es notorio que a las AFP le ha faltado transparencia y mayor comunicación con la población, especialmente, con los trabajadores. Ese es otro punto a mejorar.
Finalmente, el problema de los trabajadores en todo el mundo no son los ingresos inesperados que puedan lograr, de fondos de pensiones o de otras fuentes, sino los ingresos permanentes que deben recibir vía un incremento en los salarios, y también mediante el mejoramiento de los bienes y servicios que proporciona el Estado, lo que le permitiría elevar sus condiciones de vida y también paliar las futuras crisis.
En definitiva, los trabajadores dominicanos merecen más que un 30% de los fondos de pensiones que consta en el proyecto de los honorables diputados, pero no de sus propios ahorros que le servirán para su vejez. Deben procurar aumentos salariales que le permitan una contribución mayor a estos fondos y, por ende, una más elevada pensión al momento del retiro. Los trabajadores no están llamados a financiar la crisis económica con sus ahorros de toda la vida, eso es materia del Estado. Hacerlo es, sencillamente, practicar el Harakiri.
