El jefe de Estado asegura que todos los sectores serán consultados.
El Código Tributario en vigor en República Dominicana data de 1992. Aunque ha sufrido alrededor de una decena de modificaciones, todas ha sido consideradas parches fiscales. Lo que sí hay es un consenso respecto a la necesidad de lograr una reforma fiscal que incluya los dos componentes principales: ingresos y gastos.
El déficit histórico del Gobierno ronda el 3% anual, principalmente por el peso que tiene en las finanzas públicas el subsidio al sector eléctrico, de alrededor de US$1,500 millones por año. En 2020, por efectos de la pandemia, el cerró en -7.5%, cayendo al -2.7% en 2021 tras rebote de la economía y retornando al -3.1% estimado para este 2024. El servicio de la deuda, que supera el 25% de los ingresos fiscales, reta la sostenibilidad financiera de la administración pública.
Ante una demanda cada vez mayor de servicios públicos y una presión tributaria que no supera el 15% del producto interno bruto (PIB), endeudarse ha sido la decisión más socorrida por los gobiernos para cubrir el déficit. Como ejemplo, la deuda del sector público no financiero (SPNF) pasó de US$29,544 millones en 2017 a US$55,698 millones a abril de este año, según el Ministerio de Hacienda, lo que significa un aumento absoluto de US$26,154 millones, equivalente a un 88.5%.
Además del establecimiento del pago de un anticipo del impuesto sobre la renta (ISR), vigente desde 2006 a través de la Ley 288-04, el sistema de tributos ha experimentado transformaciones que lo vuelven más complejo. En 2005 se estableció un impuesto sobre hidrocarburos del 13%, el cual fue incrementado al 16% en 2006. En este mismo año el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) fue llevado del 12% al 16%. Los parches continuaron y en 2011 se elevó el impuesto sobre la renta de personas jurídicas (empresas) hasta el 27%.
Al año siguiente, luego de haberse disparado el déficit fiscal en medio de un proceso electoral, el ITBIS volvió a ser modificado, pasando del 16% al 18%, grabando bienes que hasta entonces estaban exentos como el aceite comestible, el azúcar, el cacao y el café.
El pago del anticipo al ISR existe desde 1962 con la Ley 59-11. Sin embargo, su liquidación por anticipado era opcional. La obligatoriedad se establece a partir de 2006 como parte del paquete de medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la crisis generada por la quiebra de tres bancos.
Según describe la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), un anticipo es un pago a cuenta del ISR que se debe efectuar de forma obligatoria y por adelantado, el cual será compensado con el impuesto anual que resulte cuando se realice la presentación de la próxima declaración jurada.
El presidente Luis Abinader, en su primera presentación pública luego de las elecciones, reveló en la rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional, denominada La Semanal, que el Gobierno tiene en carpeta presentar un proyecto de reforma fiscal, para lo cual consultará no sólo a la oposición política, sino a la sociedad en sentido general.
“Existe un plan, un proyecto de reforma y eso se lo presentaremos a la sociedad, pero evidentemente nosotros tenemos que evitar que tenga un impacto negativo en las clases más vulnerables del país”, afirmó Abinader, al tiempo de garantizar que si en alguna parte lo tiene siempre habrá un método de compensación y que se pueda seguir disminuyendo la pobreza, que debe ser el objetivo de la reforma.
Contexto
En noviembre del año pasado, durante la celebración del Foro Económico elDinero, el ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, dio algunas pistas de lo que pudiera ser la reforma fiscal. Se concentró no solo en destacar las bondades de la expansión del producto interno bruto (PIB) de República Dominicana, sino, además, se refirió a la necesidad de llevar ese crecimiento al desarrollo que requieren todos los dominicanos.
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El funcionario destacó que en los últimos 50 años República Dominicana ha sido el país con mayor crecimiento económico en la región y que, también, es la séptima económica más grade. Sin embargo, señaló que este país no está entre los más desarrollados de la región y la razón, a su entender, está en una limitada disponibilidad de recursos para atender las necesidades de servicios de la sociedad.
En tanto, la propuesta de reforma fiscal más conocida y debatida durante los últimos nueve años fue la presentada por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) en marzo de 2015. Según la entidad, su proyecto busca rescatar el espíritu del Código Tributario original y tiene como propósito simplificar, transparentar y agrupar en un solo volumen la tributación interna de República Dominicana. Destaca que desde el año 2000, el Código Tributario ha sufrido 10 modificaciones que introdujeron nuevos impuestos, incrementos de tasas o variaciones a determinados tributos.
En consecuencia, señala, el sistema tributario está distorsionando las actividades económicas, elevando el costo de cumplir con las leyes impositivas y promoviendo la informalidad, evasión y la elusión fiscal.
Para los analistas del CREES, la combinación de estos factores afecta considerablemente la creación de empleos formales, la movilidad socioeconómica de los dominicanos, la sana competencia entre los agentes económicos, la competitividad empresarial y las propias recaudaciones fiscales.
A finales de 2021, aún en pandemia, el gobierno intentó introducir, a través del Presupuesto, lo que en aquel momento fue calificada como una reforma fiscal administrativa. Sin embargo, fue necesario echar para atrás el paquete impositivo propuesto para implementarse a partir de 2022.
En octubre de 2021, el presidente Abinader se vio precisado a hablarle al país para calmar los ánimos de la población y de los sectores productivos, cuyos representantes consideraban inoportuno cualquier aumento impositivo dada las condiciones de la economía por la pandemia.
“No se trata de gastar más, hay que gastar mejor y solo en lo necesario. Solo en lo que mejore la calidad de vida de los dominicanos. Y por eso, cada peso del presupuesto público tiene puesta ahora la lupa del presidente”, dijo el jefe de Estado en un discurso a la nación.
Recordó que República Dominicana lleva mucho tiempo debatiendo la necesidad de una reforma fiscal, y que durante años se han aprobado múltiples aumentos de impuestos a los que se llamó “parches tributarios”. El escenario para discutir la reforma fiscal habrá de ser el Consejo Económico y Social (CES).
“La única reforma que vamos a emprender es continuar apostándole al crecimiento y la inversión para que los beneficios lleguen a todos los dominicanos”, manifestó Abinader al informar al país que no habría reforma del sistema impositivo en ese momento.
En La Semanal, primera luego de las elecciones, subrayó que el dinero que se obtenga con la reforma es para atender las necesidades de los que más necesitan, ya que los recursos que llegan al Gobierno son para suplir lo que necesita la gente. Admite que al principio podría haber algún tipo de impacto, pero que siempre se mitiga.
“La reforma fiscal está entre los temas que trataremos con los líderes de la oposición. Esta conversación que vamos a hacer, obviamente, aunque nos vamos a acercar a todos los líderes de la oposición, (…) será con toda la sociedad dominicana. Vamos a incorporar a toda la sociedad dominicana”, aseguró Abinader, al puntualizar que la reforma será tributaria, pero también habrá de incluir el gasto público.
“Tenemos un plan desde que llegamos al Gobierno y es un plan que se extiende también en estos cuatro años, que consiste en mejorar significativamente nuestra educación; en la atención primaria, donde se necesitan más recursos, y continuar la reforma de la Policía, que ha ido avanzando, y todo esto manteniendo un crecimiento económico que nos permita sostener las inversiones y el empleo”, explicó a la prensa.
Pobreza
Abinader destacó que en estos momentos República Dominicana tiene los niveles de pobreza más bajos de la historia, entre la absoluta y moderada, de un 23%. Indicó que, con los años de pandemia y los efectos de la guerra de Rusia, por su invasión en Ucrania, en la mayoría de los países aumentó la pobreza, mientras que aquí disminuyó.
Destacó los avances que ha logrado el país en cuanto a mejorar los niveles de igualdad, al tiempo que resalta, además, las mejoras en la disminución de la subalimentación, pasando de 8.3% en 2020 a 6.3 al 2022 y “estamos seguros de que eso seguirá disminuyendo”.
La clave, según el Presidente, es que siga el crecimiento económico, que no se detenga, pero utilizar los recursos de manera más eficiente para disminuir la pobreza.
Eliminar entidades
Tras preguntársele acerca de la promesa de eliminar hasta nueve instituciones públicas, aclaró que lo dijo en términos generales, pues cuando se habla de reforma tributaria también hay que referirse al gasto público. Esto, a su entender, también significa eficientizar los recursos del Gobierno.
Es en este contexto que el jefe de Estado entiende que habrá algunas instituciones que podrían desaparecer y otras que crear, ya que son las necesidades y requerimientos de los ciudadanos. Indicó que esto será presentado más adelante porque forman parte de las ideas.
El Presidente se había comprometido con la eliminación de al menos nueve entidades más, tal como hizo al principio de su gobierno. De hecho, fueron eliminados el Despacho de la Primera Dama, Procomunidad, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformados (Fonper) y fueron fusionadas la Dirección de Información, Análisis y Programación de la Presidencia (Diape) y la Dirección de Información y Comunicación de la Presidencia (Dicom).
El jefe de Estado considera que las reformas que necesita el país deben hacerse de forma correcta y no festinarlas, entendiendo que deben favorecer siempre a la mayoría.
“En eso estamos trabajando, en esto estamos consultando y hemos avanzado bastante. Yo diría que en un 80% en la reforma del Código de Trabajo”, refirió.
El sistema financiero dispuesto a colaborar
La Asociación de Bancos Múltiples (ABA), a través de su presidente ejecutiva Rosanna Ruiz, se ha pronunciado respecto a la reforma fiscal. La entidad entiende la pertinencia. La considera imprescindible para alcanzar los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero que debe incluir una concertación pública-privada.
“La mejor reforma es crecer, porque si se genera riqueza y empleos, hay recursos para recaudar”, sostuvo la ejecutiva durante una entrevista en el programa ImoneyRadio, comentarios que fueron publicados en la cuenta de X de la ABA.
Refirió que la presión tributaria del sector es de un 22.9%, pero que llega 29% cuando se incluye el fondo de consolidación bancaria, el de contingencia y la cuota de supervisión. Indicó que es la más alta entre todos los actores económicos.
La presidente ejecutiva de la ABA garantizó que el sector financiero está dispuesto a contribuir en la mesa de concertación para el gran pacto fiscal que necesita el desarrollo económico y social del país, al tiempo de expresar que hay oportunidades de ampliar la base tributaria sin penalizar a los sectores productivos.
