El diputado opositor Juan Guaidó ha afirmado que se trataría de fondos privados, y no públicos, mientras que la Fiscalía venezolana ya ha abierto una investigación.
Venezuela investiga el escándalo de corrupción que salpica a la oposición de este país latinoamericano, que se desató después de una investigación periodística elaborada —según afirma su autor— con base en los datos proporcionados por la Inteligencia colombiana. Entre las denuncias contra los representantes del diputado opositor Juan Guaidó en Colombia están: malversación de fondos supuestamente destinados a la “ayuda humanitaria” y fraude. Mientras el líder opositor promete investigar el asunto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace hincapié en que la oposición se roba a sí misma.
Investigación periodística
Este 14 de junio, el editor en jefe y columnista del PanAm Post, Orlando Avendaño, denunció en el artículo titulado ‘Enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia’, que los representantes del líder opositor en Colombia, Rossana Barrera y Kevin Rojas —encargados de la atención a los desertores venezolanos que ingresan en territorio del país vecino— se rodearon de lujos malversando los fondos que estaban a su disposición e inflando las cifras de los exmilitares venezolanos.
Los desertores, que se pusieron de lado de Guaidó después del fallido intento de ingresar la llamada “ayuda humanitaria” a Venezuela en febrero, fueron alojados en siete hoteles de Cúcuta, dos de los cuales ―el Ácora y el Vasconia― tenían que ser pagados por la oposición de Venezuela representada por Guaidó, descubrió Avendaño, mientras del pago de otros hoteles estaba encargado el Gobierno de Colombia y la ACNUR, que abonó por el Hampton Inn y el Villa Antigua, entre otros.
A principios de mayo, el hotel Ácora no recibió el pago programado, con lo cual para el día 6 la deuda constituyó unos 20.000 dólares, por lo que decidió finalmente desalojar a los 65 militares junto con sus familiares.
La Inteligencia colombiana habría sido la primera en fijarse en las anomalías en los gastos de Barrera y Rojas: las facturas y talonarios obtenidos por Avendaño evidenciaron que se gastaban mil dólares en hoteles y discotecas por noche, mil dólares en bebida y comidas, y también se dejaban grandes sumas en caras tiendas de ropa de Bogotá y Cúcuta. “Reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles a sobreprecio. Plata que fluía. Mucha plata”, apunta el periodista.
Para demostrar la veracidad de sus palabras, el editor en jefe del PanAm Post adjuntó documentos acerca de los pagos y facturas detalladas con las sumas gastadas y cuentas por pagar. Avendaño también señala que la cifra proporcionada por los representantes de Guaidó al presidente colombiano, Iván Duque, de que en Cúcuta había 1.450 militares no correspondió con la de la Inteligencia colombiana, que evaluó que en realidad eran unos 700 funcionarios, y que Barrera y Rojas habían inflado el número de desertores.
Llamado desde la OEA
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, este 14 de junio instó a investigar y esclarecer los graves cargos formulados en dicha investigación periodística.
Almagro solicitó que se determinen las responsabilidades y se exija la rendición de cuentas. “No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción”, escribió en su cuenta de Twitter.
La postura del gobierno de Maduro
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este lunes comentó el escándalo de corrupción que salpica a la oposición de su país y afirmó que “se robó toda la plata de la ‘famosa’ ayuda humanitaria de Estados Unidos“. Además, el mandatario indicó que estos políticos venezolanos se burlaron del Gobierno estadounidense al apropiarse de ese flujo de recursos para financiar sus operaciones en la frontera con Colombia.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este martes que abrirá una investigación penal de este caso. Además, indicó que esta trama de corrupción fue gestionada desde Caracas y su autor intelectual es Juan Guaidó.
Rossana Edith Barrera Castillo y Kevin Javier Rojas Peñaloza, emisarios de Guaidó en Cúcuta, ya fueron imputados por la Justicia venezolana por los delitos de “legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir“.
La reacción de Guaidó
El propio Juan Guaidó, este 17 de junio se pronunció sobre el escándalo. El autoproclamado presidente encargado en el marco de una rueda de prensa aseguró que se está investigando la supuesta malversación, pero dijo que de todos modos el dinero supuestamente malgastado no era parte de la llamada ‘ayuda humanitaria’, sino que procedía de fondos privados.
“Un elemento es la ayuda humanitaria que se ha logrado recaudar y otro la asistencia a militares en Cúcuta”, aseveró Guaidó y señalo que la última “se hizo a través de ACNUR [Agencia de la ONU para los Refugiados] y el Gobierno de Colombia”. Sin embargo, “cuando se llegó a una saturación, se recurrió a fondos privados“, declaró. Además, Guaidó recordó que “nosotros no manejamos recursos del Estado”.
“Para nosotros es sagrada la rendición de cuentas y la transparencia. No tendremos ningún tipo de tolerancia con mal manejo administrativo o de fondos”, puntualizó asegurando que los señalados en este caso fueron separados de sus cargos y prometió solicitar a la Fiscalía colombiana investigar las denuncias de corrupción que involucran a ambos. También indicó que se llevará a cabo una investigación interna, cuyos resultados serán entregados a la Fiscalía de Colombia.
Otra parte del dinero provenía de EE.UU.: hasta la fecha Washington otorgó a la oposición venezolana 213 millones de dólares en “ayuda humanitaria”, según declaró este martes el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence.
