Los manifestantes llevan al Gobierno un petitorio para solicitar que sean derogadas las medidas económicas y se pongan en marcha acciones en favor de “los más vulnerables”.
Llegó el día. Este miércoles 9 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha convocado una huelga general, con una concentración en Quito, capital del país, contra el ‘paquetazo’ del presidente, Lenín Moreno.
Caminando, en carros, en motos y hasta en bicicletas, los manifestantes comenzaron a llegar el pasado lunes a la ciudad capital, en respuesta a ese llamado de la CONAIE. La mayoría llegó proveniente de las provincias de la región Sierra y Amazonía.
El objetivo es generar un diálogo con el Ejecutivo, que se ha manifestado abierto a las conversaciones; sin embargo, el mandatario trasladó la sede del Gobierno a la ciudad de Guayaquil, en la región Costa del país.
Los movimientos indígenas no están solos, su protesta ha sido acompañada por estudiantes de varias universidades y miembros de organizaciones sociales del país.
¿Qué exigen?
Los manifestantes piden al Gobierno que deje sin efecto las medidas económicas anunciadas la semana pasada, que incluyeron la eliminación del subsidio estatal, que regía desde hace más de 40 años, a varios combustibles; por lo que las gasolinas extra y ecopaís pasaron de costar 1,85 doláres a 2,39 por galón; mientras, el diésel subió de 1,03 dólares a 2,29, un aumento del 123 %.
Además, piden que no sea enviado al Parlamento el paquete de reformas laborales y tributarias que anunció Moreno.
El movimiento indígena considera, tal como el Gobierno lo confirmó, que estas medidas han sido impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prestó al país más de 4.200 millones de dólares. Por ello, piden que que se revierta la carta de intención firmada con ese organismo “de manera inconsulta”.
Los manifestantes denuncias que las medidas “golpean fuertemente el costo de vida de los ecuatorianos en condiciones más vulnerables”, señala un texto publicado por la CONAIE.
En su alocución del pasado 1 de octubre, Moreno dijo que eliminar ese subsidio a los combustibles fósiles estaba “en línea con la agenda mundial de lucha contra el cambio climático”.
Ante ello, los indígenas responden: “Las medidas económicas impuestas por el Ejecutivo nada tienen que ver con un compromiso ante el cambio climático, dado que el Estado sigue promoviendo la explotación de recursos no renovables y los megaproyectos energéticos como la base de su matriz económica”.
Otras demandas
En su petitorio, el movimiento indígena ecuatoriano también exige:
- La derogatoria del Decreto Ejecutivo 884, que establece el “estado de excepción” en todo el territorio ecuatoriano.
- La liberación de los compañeros detenidos durante las manifestaciones.
- La ejecución inmediata de la política de recaudación tributaria dirigida a banqueros y empresas, a quienes se les exoneraron 4.295 millones de dólares en impuestos. Consideran que este monto cubre la deuda pública.
- Cancelación de concesiones petroleras, mineras, hidroeléctricas y madereras en territorios indígenas.
- Cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el “Diálogo Nacional”, que implementó Moreno en su primer año de gobierno.
- Demandas relacionadas con la protección a sus pueblos y territorios.
Una protesta criminalizada
Durante las protestas se han generado algunos hechos de violencia, de los cuales se ha distanciado el movimiento de pueblos originarios. Incluso, la dirigencia ha anunciado que aplicará la “ley indígena” a los “infiltrados” que causen desmanes.
El único hecho que reconoció la CONAIE fue el ingreso a la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento), donde algunos manifestantes estuvieron por unos minutos.
Sin embargo, el discurso desde el Gobierno se ha centrado únicamente en resaltar esos focos de violencia. Este martes, desde Guayaquil, Moreno y los titulares de la Contraloría, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral (CNE), Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) emitieron un comunicado conjunto para afirmar que las protestas son parte de una serie de “acciones conspirativas”, que “pretenden instaurar un ambiente de caos”, mediante “ataques violentos contra personas e instituciones, destrucción de bienes públicos y privados, y toma de edificios e instalaciones estatales”.
Entretanto, en el país suramericano rige un estado de excepción. A esa medida se suma el Decreto Ejecutivo 888, emitido por Moreno, para declarar ‘toque de queda’ entre las 08:00 de la noche y 05:00 de la mañana hora local en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas”, tales como edificios donde operan las sedes de las Funciones del Estado y otras que que decida, a completa discreción, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El discurso y el decreto fueron noticias casi a la par de que los manifestantes fueran reprimidos en Quito. Según la CONAIE y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) hubo varios heridos, producto de la represión.
Ese escenario de represión se ha vivido durante los seis días (hasta este martes) que lleva la protesta. INREDH ha denunciado la detención arbitraria de manifestantes, periodistas y comunicadores populares; muchos de ellos incomunicados durante horas.
Esa organización, junto a otras de derechos humanos, entregaron un informe a la Corte Constitucional, donde relatan los abusos policiales y militares, entre ellos “casos de personas gravemente heridas”.
La CONAIE, en un comunicado, denunció la noche de este martes que en el país se instauró un “régimen de terror” al “puro estilo de una dictadura militar”.
El secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, informó este martes, en declaraciones a la prensa, que hasta ese día se contabilizan 570 detenidos durante las manifestaciones.
