Según el Derecho Canónico, la sanción prevista es la excomunión.
Sobre la excomunión puntualizaron que, según lo contenido en su Manifiesto, “cualquier pena o sanción canónica impuesta por quienes no son obispos, ni válidos, ni legítimos, ni tienen poder sobre las almas, carecen de efectividad y son nulas e írritas”.
¿Qué fue lo que pasó?
El origen del conflicto entre las Clarisas de Belorado Orduña con la jerarquía eclesial se remonta a 2019, cuando El Vaticano les impidió vender un convento de su propiedad en Vizcaya, reseña 20 minutos.
La pugna continuó y tuvo un punto de inflexión en mayo pasado con la publicación de un manifiesto en el que las monjas arremetieron contra las disposiciones del Concilio Vaticano II –celebrado entre octubre de 1962 y diciembre de 1965– y las autoridades eclesiásticas de todo nivel que de él emanaron.
Así, a su juicio, no ha habido papas y obispos legítimos desde la muerte de Pío XII hasta el presente y todos cuantos fueron ordenados con posterioridad a ese evento serían meros “usurpadores”, lo que les inhabilitaría para imponer sanciones, según consta en un extracto del manifiesto que compartieron este 21 de junio en sus redes sociales.
El grupo buscó apoyo en el exsacerdote Pablo de Rojas, fundador de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, expulsado de las filas católicas en 2019, al haberse autoproclamado obispo en 2005, asumir posturas preconciliares y proclamar que la única iglesia posible es la que él está construyendo.}
Tras la publicación del polémico documento, las religiosas fueron acusadas de cisma y llamadas a comparecer ante el Tribunal Eclesiástico para rendir declaraciones, mientras que la abadesa, Isabel de Trinidad, sindicó al prelado por abuso de poder, usurpación de representación legal y vulneración del derecho a la libre asociación.
¿Qué viene ahora?
No obstante, al negarse a presentarse, dieron carta blanca a Iceta para que firme su excomunión, la sanción que se impone para ese cargo, considerado de suma gravedad dentro de la doctrina católica.
De otro lado, este 8 de junio el Arzobispado de Burgos dio a la congregación un plazo de dos días para consignar una copia de las llaves de su monasterio, pero la entrega nunca se produjo.
Pese a la beligerancia exhibida en el escrito, las monjas designaron una comisión mediadora de la que hacen parte bufetes de abogados, en interés de encontrar una solución “pacífica y extrajudicial” a su diatriba con el Arzobispado de Burgos. En criterio de sus representantes, ellas “se encuentran indefensas y sin ningún tipo de recursos”.
