Los legisladores argumentaron que la ley vigente provoca perjuicios económicos a la clase media y sectores populares; por tanto, la calificaron como “lesiva”.
La Asamblea Nacional (AN) de Ecuador aprobó el martes un proyecto de ley para derogar la reforma tributaria del presidente, Guillermo Lasso.
La iniciativa recibió 100 votos a favor y 13 en contra. Con ello, el Parlamento busca dejar sin efecto la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19″, que se encuentra vigente desde el 29 de noviembre de 2021.
Esa normativa entró en vigor mediante decreto-ley el año pasado, luego de que la AN no alcanzara los votos suficientes para archivarla.
El decreto-ley vigente, según informó en octubre de 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas, “ha sido elaborado recogiendo las sugerencias de varios sectores y políticos del país” y tiene como objetivo recaudar 1.900 millones de dólares en los dos primeros años de vigencia.
La normativa estableció cambios en el sistema tributario, como en los impuestos a la Renta (IR), al patrimonio, a la herencia, al Valor Agregado (IVA) —eximiendo de este a algunos productos y gravando otros—, a Consumos Especiales (ICE); así como la regularización de activos en el exterior.
¿Por qué derogarla?
Durante la sesión, los parlamentarios argumentaron que la ley vigente provoca perjuicios económicos a la clase media y sectores populares; por tanto, la calificaron como “lesiva”.
“El peso de la crisis económica no debe recaer sobre los ecuatorianos de clase media. Medio millón de ciudadanos ya no pertenecen a este segmento”, dijo la legisladora Noemí Cabrera.
La parlamentaria cuestionó que luego de un año de estar en vigencia la normativa, no se han evidenciado los beneficios para los ciudadanos, por el contrario, indicó que se han visto afectados al tener que pagar más impuestos.
El legislador Alejandro Jaramillo tildó de “mamotreto” la ley de Lasso y señaló que está “aplastando a la clase popular, a la clase media”, así como a “artesanos”, debido al cambio en las deducciones de impuestos.
Por su parte, el asambleísta Luis Almeida dijo que el decreto-ley “trajo más pobreza” al país suramericano. “Subieron la tabla del Impuesto a la Renta, queridos legisladores, pusieron impuestos al patrimonio, medicinas más caras, repuestos más caros, alimentos más caros, educación más cara, esa es la consecuencia de esa ley inconsulta”, enfatizó.
La parlamentaria Viviana Veloz, por su parte, indicó que se trató de un “paquetazo y atraco tributario” y que el decreto-ley es “inconstitucional”.
El paso siguiente del Ejecutivo
Tras la aprobación del proyecto de ley para derogar la reforma, el Ejecutivo tiene un lapso de 30 días para vetar total o parcialmente la iniciativa.
Una vez que se conoció la decisión del Parlamento, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, adelantó que la medida recibirá el veto del presidente, aunque no precisó si será total o parcial.
En caso de que el veto sea total, el decreto-ley se mantiene vigente y la AN podrá volver a votar el texto derogatorio dentro de un año.
Arosemena señaló que el veto contra la iniciativa recién votada en la AN será “por inconstitucional y demagógica”. De acuerdo con el ministro, basándose en el artículo 135 de la Constitución, los proyectos de ley en materia fiscal solo puede presentarlos el presidente.
“Exigir más gastos y eliminar su financiamiento es remar en contra del bienestar ciudadano”, dijo Arosemena a los asambleístas.
