Seguidores del presidente colombiano Gustavo Petro colmaron este jueves las principales urbes del país en respaldo a la reforma pensional impulsada por el mandatario, que fue aprobada por el Congreso en junio pasado y que actualmente enfrenta resistencia de sectores opositores, que piden que sea revisada por la Corte Constitucional.
“Este es el primer día de la movilización generalizada del pueblo”, afirmó Petro desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá. “No será solo llenar plazas o caminar calles, es el ejercicio de la soberanía popular”, expresó.
Aunque la convocatoria era para apoyar la reforma de pensiones, el mandatario reiteró que ciertos sectores buscan atentar contra su vida y, ante esta amenaza, llamó a “organizarse en todos los municipios” para mantener la “movilización generalizada”.
“No solo vamos a defender el derecho a una pensión (…) no solamente venimos a eso. Venimos a defender todos los derechos y las libertades del pueblo colombiano”, subrayó. “¡Aquí no pasarán, no pasarán, no pasarán!”, repitió en varias ocasiones en otra denuncia de un posible intento de golpe de Estado.
Además de ciudadanos comunes, la actividad contó con la presencia de miembros de los sindicatos Central Unitaria de Trabajadores y parte del Comando Nacional Unitario (CGT), así como confederaciones de pensionados y la minga indígena, que hace vida en el suroccidente colombiano, recoge La República.
En Bogotá, los participantes comenzaron a marchar desde horas de la mañana rumbo a la emblemática Plaza de Bolívar, en el centro de la capital. En Medellín, cientos de personas se desplazaron entre el Parque de Las Luces y el Parque de Los Deseos, mientras que en Cali, tercera ciudad del país, los manifestantes recorrieron aproximadamente tres kilómetros antes de concentrarse frente al edificio de la gobernación.
Amenazas
La movilización, que fue convocada el pasado martes por la bancada de la coalición oficialista Pacto Histórico, pretende mostrar fuerza ante la eventual pretensión de la Corte Constitucional de echarla abajo, donde se han radicado numerosas demandas en contra de la decisión del Legislativo.
“Tenemos conocimiento de la presión que se está gestando en algunos sectores políticos, económicos, para llevar a una decisión a la Corte de tumbar la reforma pensional que se aprobó en el Congreso de la República el semestre pasado”, aseveró el congresista David Racero.
De su parte, el director general de la oficina de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, advirtió que la reforma “está amenazada por una cantidad de demandas de personas que, teniendo todos los privilegios, no permiten que los más pobres […] saquen la cabeza y puedan recibir esos 225.000 pesos (unos 54 dólares), que les pueden dar para su alimentación y una vida digna”.
Asimismo, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a quien se atribuye gran parte del empuje de la iniciativa, aseguró que se está “avanzando” en la reglamentación de la reforma, aunque afirmó que existe “una amenaza grande” que preocupa al Ejecutivo, en referencia a la posibilidad de que se pueda dar marcha atrás a la reforma.
Denuncias de golpe
El evento tuvo lugar en el marco de reiteradas denuncias de golpe de Estado avanzadas por el presidente Gustavo Petro, quien ha asegurado que el narcotráfico ha pagado para que se le asesine o derroque en un plazo de tres meses.
Entre los mecanismos que estarían en marcha para tales fines, refirió una investigación que avanza el Consejo Nacional Electoral por la supuesta superación de los límites de financiamiento durante la campaña electoral de 2022, así como un intento de desafuero promovido desde la Cámara de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso para reemplazarlo con el presidente del Senado, Efraín Cepeda.
