A la fecha, la medida ha sido prorrogada en 10 ocasiones. La última vez fue el 12 de enero de este año.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó que en los últimos 10 meses han sido detenidos 62.975 ‘terroristas’ y se han decomisado 2.200 armas de fuego, 2.799 vehículos, más de 15.000 celulares y 1,6 millones de dólares en efectivo.
Tales cifras las ha hecho posible el régimen de excepción que dictó el presidente de la nación, Nayib Bukele, y refrendó el 27 de marzo de 2022 la Asamblea Legislativa. El decreto, que permite detenciones sin orden judicial, se originó tras una escalada de violencia que ese mismo mes cobró la vida de 87 personas en dos días.
A la fecha, la medida ha sido prorrogada en 10 ocasiones. La última vez fue el 12 de enero de este año.
Días después, el presidente Bukele anunció la liberación de al menos 3.000 personas detenidas al amparo del decreto oficial y que fueron declaradas inocentes. “La Policía trata de arrestar únicamente culpables, pero cuando hay errores humanos, hay un sistema Judicial que debe garantizarles la justicia”, justificó el mandatario en un evento público.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han rechazado la llamada “guerra contra las pandillas” del gobierno de El Salvador. El viernes pasado, Human Rights Watch (HRW) denunció que debido a ello hay en las cárceles salvadoreñas “condiciones severas de hacinamiento” y muchos menores de edad presos.
Además, sostuvo que miles de personas encarceladas han sido acusadas de delitos difusamente definidos, lo que “viola las garantías básicas del debido proceso de los detenidos y socava las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”.
Por otro lado, este martes Transparencia Internacional (TI) reveló su índice de Percepción de Corrupción 2022, en el cual El Salvador se sitúa en el puesto 116 de 180 países evaluados, con una calificación global de 33 (en una escala en la cual 100 es la menor percepción de corrupción).
Según el informe, uno de los aspectos que más han afectado al país es la excesiva concentración de poder y las medidas extraordinarias para abordar la violencia.
“Para combatir al crimen organizado y la violencia de pandillas, algunos gobiernos han tomado medidas extremas que concentran el poder en el ramo Ejecutivo, lo que reduce la transparencia y la rendición de cuentas”, indica TI.
De acuerdo con algunos medios, antes de marzo de 2022 había en las cárceles de El Salvador 16.000 pandilleros encarcelados, pertenecientes a bandas rivales: la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 con sus dos facciones: Sureños y Revolucionarios.
