Un 70% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la energía no están sometidas a ningún gravamen, según la OCDE, que lamenta que no se utilicen más los impuestos para luchar contra el cambio climático y la contaminación atmosférica.
En un informe publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que, al margen de los combustibles utilizados en el transporte por carretera, solo un 18% del resto de emisiones tiene algún tipo de tasas.
Y, en realidad, únicamente a un 3 % se les aplica un impuesto de al menos 30 euros (unos 33 dólares) por tonelada de CO2, que se considera un referente mínimo para compensar el daño medioambiental.
Un mínimo que, sin embargo, ni siquiera permitiría alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático para limitar a dos grados el aumento de la temperatura global para finales de siglo.
Solo cuatro de los 44 países analizados en el estudio (Dinamarca, Holanda, Noruega y Suiza) tienen tasas superiores a esos 30 euros para las emisiones que se producen fuera del transporte por carretera. España se sitúa en la parte baja de la tabla, con algo menos de 5 euros por tonelada (5.5 dólares).
La OCDE recuerda que el combustible de los aviones y de los barcos, cuando se
utiliza para el transporte internacional, no está sometido a ningún impuesto
pese a que esas actividades contribuyen de forma relevante al cambio climático.
De ser un país, las emisiones generadas por el tráfico marítimo internacional serían el noveno que más contribuye al calentamiento global, y las de la aviación el duodécimo.
El carbón, que es responsable de la mitad de las emisiones, está sometido a una fiscalidad prácticamente nula (0.80 dólares por tonelada de CO2, de media).
La gasolina es, con diferencia, el combustible fósil sujeto a una mayor imposición, de 94.5 dólares por toneladas, seguido del diésel (81.2 dólares) y, a muy gran distancia, del gas licuado de petróleo (12.2 dólares) y del gas natural (5.79 dólares).
Los autores del informe hacen notar que el pasado año las emisiones globales de CO2 aumentaron un 1.8% a un máximo histórico, una evolución que está en contradicción con el objetivo de una profunda reducción fijado en los Acuerdos de París.
Si la carga fiscal total por las emisiones de CO2 se fijara en 30 euros por tonelada, eso permitiría generar alrededor del 1% del producto interior bruto (PIB) en estos 44 países.
La OCDE destaca que gracias a ese dinero, se podrían llevar a cabo reformas fiscales en profundidad, como por ejemplo reducir el impuesto sobre la renta o aumentar las inversiones en campos que aumentan la productividad, como la educación, la sanidad o las infraestructuras.
