El magistrado concluye que las autoridades españolas omitieron todos los trámites y garantías previstos en la legislación sobre Extranjería.
“En el presente supuesto no es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos”, sentencia un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta que ordena a la Delegación del Gobierno de España que cese el operativo de expulsión de menores y “adopte las medidas necesarias” para el retorno de 14 menores expulsados a Marruecos en agosto.
Este juzgado entiende que se han vulnerado los derechos fundamentales de estos niños y adolescentes al existir “un riesgo relevante” de caer en “situación de abandono” en Marruecos.
La Fundación Raíces y la organización Coordinadora de Barrios presentaron diversos recursos en agosto en representación de 20 menores marroquíes en el marco de un proceso que se concretó con 55 menores expulsados. Todos ellos habían entrado en el enclave español en el norte de Marruecos cruzando la frontera a nado durante las entradas masivas que se produjeron durante los días 17 y 18 de mayo del año pasado.
Ahora un juez da la razón a las dos organizaciones que actúan en nombre de esos menores, que en un primer momento fueron acogidos por el área de infancia de Ceuta y alojados en naves industriales y posteriormente en un polideportivo municipal, hasta que comenzaron las repatriaciones el 13 de agosto.
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El juez desgrana en el auto que “ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores, es decir, no existe traza alguna de expediente de repatriación“.
Desde que se produjeron estas expulsiones, sectores de la sociedad civil denunciaron que no se habían seguido los cauces legales establecidos por la legislación española e internacional y que no se había protegido el interés superior de los menores.
Así lo atestigua también el auto del juzgado de Ceuta, que establece que existe “una situación de riesgo relevante para la integridad física y moral de los menores” debido a que “no consta que nadie se vaya a hacer cargo de los mismos una vez repatriados a su país de origen”, lo que podría dar lugar a que “se encontrasen en situación de abandono o desamparo”.
