Santo Domingo, RD.- Adrián Donato Salcedo Rosario, mejor conocido como Cristian Casablanca, habría sido beneficiado del servicio ilícito que ofrecía una red de corrupción que supuestamente borraba antecedentes penales de la base de datos de la Procuraduría General de la República (PGR).

La información salió a relucir de unos de los 12 imputados en el proceso judicial conocido como operación Gavilán. Lo hizo durante su declaración en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

“En el tribunal salió a relucir que Cristian Casablanca fue beneficiado con un impedimento de salida producto de este entramado, de todo lo que la Procuraduría está investigando”, manifestó el abogado Lenin Solano, representante legal de la imputada Dilcia Argentina Núñez Santos, quien trabajaba como médico en el Centro Penitenciario de La Victoria.

Cristian Casablanca será investigado

El jurista indicó que la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, expresó ante el tribunal que las personas que habrían sido beneficiadas del supuesto entramado, serían investigadas.

Acusados colaboran

Hoy al menos cinco imputados decidieron colaborar con el Ministerio Público. También aceptaron su participación en la supuesta red de corrupción que operaba dentro de la Procuraduría. Contra estos el órgano persecutor pediría que se le varíe la solicitud de medida, de prisión preventiva, por arresto domiciliario e impedimento de salida del país.

El Ministerio Público acusa a los encartados de pertenecer a un entramado ilícito que borraba fichas de la base de datos de la institución. Supuestamente lo hacían a personas que tenían antecedentes por delitos como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios y violaciones sexuales.

Encartados Operación Gavilán

Entre los encartados están Mártires Rosario Reyes, Rubén Darío Morbán Santana y su esposa Laudelina Reyes Silva; Pilar Medina Trinidad y Yokaira Carmona. Además de Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Morbán Reyes, Anthony Ferrer Monegro, Romansqui Dotel Medina y Dilcia Núñez.

Según las autoridades, la red criminal habría logrado borrar más de 16 casos de antecedentes penales. Tanto así, que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.

El Ministerio Público (MP) solicitó que el caso se declare complejo, por lo que pidió, además, 18 meses de prisión preventiva para los 12 detenidos.

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