Condenan a prefectos responsables de la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel en Argentina.
La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó la actuación de las autoridades como “legal” y “legítima”.
Un tribunal argentino condenó este miércoles a penas de cuatro años y medio y cinco años de prisión a los cinco prefectos que estuvieron involucrados en la muerte de Rafael Nahuel, un joven mapuche que fue asesinado el 25 de noviembre de 2017 durante un operativo policial.
Los hechos ocurrieron en la patagónica ciudad de Bariloche, cuando el Grupo Albatros, una unidad especial al mando de Prefectura, reprimió a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en un operativo que dejó como saldo la muerte de Nahuel, quien entonces tenía 22 años.
El crimen generó una conmoción social, ya que fue simultáneo a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, un joven que, al igual que Nahuel, fue víctima de una represión policial en la Patagonia y cuyo caso tuvo repercusión internacional.
Justificación
En ese momento, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien fue candidata presidencial este año, justificó la muerte de Nahuel con el argumento de que los prefectos habían actuado “en legítima defensa” aunque las pericias demostraron que al joven le habían disparado por la espalda.
Seis años más tarde, el Tribunal Oral Federal de General Roca condenó al prefecto Sergio Cavia, autor del disparo, a cinco años de prisión por el delito de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”.
Los prefectos Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García recibieron penas de cuatro años y medio al ser considerados partícipes necesarios.
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Además, a los cinco condenados también se les dictó una inhabilitación de siete años para ocupar cargos públicos.
El juicio duró tres meses y fue respaldado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien acudió a la lectura del veredicto. Afuera del tribunal, en tanto, se manifestaron las comunidades mapuches y otras organizaciones que acudieron a apoyarlas.
La sentencia respondió al pedido de la Fiscalía, que había solicitado las penas que se impusieron, a diferencia de las querellas, que exigían cadenas perpetuas; y de las defensas, que querían la absolución.
