Las personas pertenecientes a organizaciones criminales que cometan delitos de narcotráfico serán calificadas como “terroristas”. Asimismo, se ha declarado una “situación de emergencia” en materia de seguridad que ordena construir de inmediato un Centro de Reclusión de Emergencia, con capacidad para 20.000 reclusos en una zona despoblada.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este viernes una serie de “acciones radicales” como parte de un plan de solución contra el crimen organizado.
La mandataria comunicó las medidas en cadena nacional, luego de reunirse con los miembros del Consejo de Seguridad, integrado por los tres poderes del Estado, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público.
El plan, que comprende una decisiva reforma del Código Penal, indica que las fuerzas de seguridad deben de forma inmediata planificar y ejecutar intervenciones en todos los municipios del país identificados con mayor incidencia en crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos relacionado con estos delitos.
Asimismo, se ha declarado una “situación de emergencia” en materia de seguridad que ordena construir de inmediato un Centro de Reclusión de Emergencia, con capacidad para 20.000 reclusos en una zona despoblada, entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios.
Las autoridades hondureñas también ordenaron la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables. Asimismo, han ordenado “establecer el control y recuperar el orden en los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias y barrios de las zonas que representan mayor incidencia criminal”.
Narcotráfico como acto de terrorismo
El “plan de solución” también insta al Congreso a reformar el Código Penal para que las personas que pertenezcan a bandas criminales que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos relacionado con estos delitos, “sean calificadas como terroristas”.
En este contexto, los parlamentarios tendrán que reformar el Código Procesal Penal para que la medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas en proceso de juzgamiento por los delitos antes descritos, así como “incorporar la medida de juzgamiento colectivo para estos crímenes”.
De igual forma se adoptarán medidas para bloquear las comunicaciones en los centros penitenciarios, donde las empresas autorizadas que comercialicen tarjetas SIM y chips, en caso de negarse a cumplir esta resolución, “su licencia será cancelada de forma legal”. Asimismo, el Congreso también endurecerá las penas por la comisión de delitos contra la vida y la integridad física de los operadores del sistema de seguridad y justicia: policías, militares, jueces y fiscales.
