En tanto que, Yoselín Melo, encargada de los Derechos Humanos en Azua, puntualizó en que su provincia no se escapa de esa situación.
Azua, RD.- Miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalaron que la justicia en este país y específicamente en Azua, sigue secuestrada.
Mediante una actividad realizada el pasado domingo en el ayuntamiento municipal, Manuel María Mercedes Medina, presidente nacional de la Comisión de los Derechos Humanos,dijo que, en la República Dominicana el poder judicial está secuestrado, donde se le aplica la justicia a los pobre, “sin la independencia del poder judicial no hay garantía al estado dicromático y social de derechos que plantea la constitución”, señaló.
Manuel enfatizó en que, “26 años después que la República Dominicana es signataria para la aplicación de un plan nacional de derechos, el mismo todavía no se ha llevado a cabo y con el agravante de que se consensuó con las organizaciones de la sociedad civil, un plan nacional de Derechos Humanos y resultó que el estado dominicano ha engañado, porque después haber invertido más 400 millones pesos que no se sabe en que lo invirtió, no se ha puesto en práctica”.
En tanto que, Yoselín Melo, encargada de los Derechos Humanos en Azua, puntualizó en que su provincia no se escapa de esa situación y que la misma debe ser declarada de emergencia en materia de justicia, haciendo referencia a que ya se cumplieron seis años del asesinato del abogado Guillermo Ramírez y todavía los elementos de pruebas siguen secuestrados por la fiscalía.
En torno al derecho a la salud que tiene cada ciudadano, Yoselín declaró que se ha presentado un brote de dengue en Azua y que no se está realizando fumigación. Asimismo dijo que, en el hospital de Regional Taiwán hay una bacteria acabando con los pacientes de ese centro de salud y el Ministerio de Salud Pública no dice nada.
Las declaraciones fueron dadas durante la realización del Pre-Congreso de la Región Sur en la provincia de Azua, el cual contó con la participación de varias provincias del sur como: Baní, San Juan y San José de Ocoa. Dicha actividad se llevó a cabo con la finalidad de tratar el Plan Nacional de Derechos Humanos y como segundo tema: la independencia de la justicia.
