La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana con carácter de riesgo “en inminencia” por las “graves afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.
La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una alerta temprana con carácter de riesgo “en inminencia” por las “graves afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario” en los municipios de Miranda y Corinto, en Cauca, y Pradera y Florida, en el Valle del Cauca.
“Hemos emitido la Alerta Temprana de Inminencia 031 de 2023 (…) porque tres grupos armados ilegales se disputan el control territorial y social, lo que ha puesto en riesgo a las comunidades“, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en un comunicado.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) explica que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) es el instrumento usado por la Defensoría para monitorear y advertir “sobre las situaciones de riesgo, amenaza y vulnerabilidad de la población civil causados por el conflicto o la violencia”.
“Ataques indiscriminados”
El comunicado de la Defensoría del Pueblo hizo hincapié en las acciones que han puesto en riesgo a la población civil, principalmente los combates del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, una de las disidencias las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el grupo armado Dagoberto Ramos.
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“A los enfrentamientos y hostigamientos se suma que estos grupos armados adelantan acciones directas contra las comunidades, lo cual se refleja en el ataque indiscriminado contra civiles, atentados, homicidios selectivos y masacres“, explicó Assis.
La alerta –agrega el texto– detalla que la población civil es sometida y obligada a “colaborar” mediante el uso de la violencia, amenazas e intimidaciones, que ejercen las estructuras ilegales contra las comunidades. “Como ocurre en otros territorios, realizan reclutamiento de niñas, niños y adolescentes“, sostiene.
La Defensoría del Pueblo subrayó que a través del SAT realizó 29 recomendaciones a “entidades del Gobierno Nacional y a autoridades regionales para que tomen acciones bajo una perspectiva de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.
