Junts per Catalunya exige la aprobación de una ley de amnistía para los procesados por el referéndum ilegal celebrado en Cataluña, en 2017, como condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
Después de mes y medio de la celebración de las elecciones generales en España, el pasado 23 de julio, todavía está en el aire la formación de Gobierno o la posibilidad de que el país se vea abocado a una nueva repetición electoral.
Todo depende de la negociación que el Partido Socialista del presidente en funciones Pedro Sánchez mantiene con Junts per Catalunya, la formación del expresidente catalán y actual eurodiputado Carles Puigdemont.
Los socialistas necesitan los votos de Junts si quieren reeditar el Gobierno de coalición de la pasada legislatura, pero Puigdemont ha puesto una condición clara y concisa: la aprobación de una ley de amnistía sobre el proceso de referéndum ilegal que se llevó a cabo en Cataluña, en octubre de 2017, que todavía no está claro si el partido de Sánchez aceptará.
La otra opción, en el caso de que no se atienda la exigencia de Puigdemont, sería volver a convocar comicios, en vista de que el líder del Partido Popular y candidato más votado, Alberto Núñez Feijóo, tiene escasas probabilidades de conseguir el respaldo del Congreso de los Diputados, el próximo 26 de septiembre, para ser investido.
Negociación
El proceso de negociación se encuentra en marcha. Los socialistas se aferran a la voluntad negociadora de Junts después de que consiguieran un pacto exitoso para la formación de la Mesa del Congreso, el pasado 17 de agosto, que dio la Presidencia de la Cámara a la candidata de Sánchez.
Sin embargo, las condiciones fijadas por Puigdemont para la negociación han hecho que vuelva a estar sobre la mesa la posibilidad de una repetición electoral. Además de la afirmación de que Junts no renuncia a la vía de la unilateralidad, utilizada en 2017, el mayor órdago es la exigencia de una amnistía general para el independentismo.
La cara más visible de que los contactos están en marcha al más alto nivel se vio el pasado lunes, cuando la líder de Sumar y vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, se reunió en la sede del Parlamento Europeo con el expresidente catalán, acompañada del exdiputado de En Comú Podem Jaume Asens.
Era la primera vez que un ministro del Gobierno dialoga personalmente en público con Puigdemont, desde que el político huyera a Bélgica tras el referéndum en 2017, para eludir la acción de la justicia española.
“Seguiremos hablando, seguiremos buscando salidas en el diálogo y la democracia”, afirmó la líder de Sumar. De manera similar se expresó Puigdemont, que calificó el encuentro como “parte de la normalidad democrática en la Unión Europea”.
Más contundente fue Asens, que el miércoles afirmó que “la amnistía es la condición para la investidura, no la condición previa para hablar de la investidura”, en declaraciones a Onda Cero. “En terminología de Puigdemont, es el pago para dar sus votos“, explicitaba el exdiputado, si bien aseveró que “la ley de amnistía es una fórmula constitucional y, por tanto, se puede explorar”.
¿Qué es la amnistía?
La amnistía es una ley que emana del Parlamento, a diferencia de los indultos, que son una prerrogativa del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno. Además, otra diferencia fundamental es que la primera no supone un perdón de la condena, sino el olvido del hecho delictivo. Esto implica que la amnistía no requiere de condena previa.
Si bien todavía no se conocen los detalles de la ley que pide Junts, existe el precedente de una iniciativa parlamentaria que presentaron en 2021, sin éxito, los partidos independentistas catalanes.
Aquel texto recogía amnistiar “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuere el resultado” desde el 1 de enero de 2013, lo que incluía también la consulta no vinculante celebrada en Cataluña en 2014, cuando era presidente regional Artur Mas.
Se podría aplicar, por poner solo algunos ejemplos, a los responsables políticos del referéndum ilegal, como el propio Puigdemont, así como a decenas de mandos intermedios acusados de prevaricación. En total se habla de entre 600 y 1.000 personas que podrían verse amparadas.
Encaje legal
La Constitución Española no menciona la amnistía expresamente en ningún momento, lo que ha dado lugar a un encendido debate jurídico entre los expertos.
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A favor se encuentran quienes esgrimen que ningún artículo de la Constitución lo impide, mientras que los contrarios aducen que el artículo 62 de la Carta Magna prohíbe el indulto general, lo que para ellos equivale a la amnistía.
Quienes defienden el encaje legal rebaten ese argumento, al esgrimir que el indulto y la amnistía son figuras jurídicas diferentes, que emanan de distintos poderes del Estado, y recuerdan que en España ya ha sido utilizada en varias ocasiones.
Amnistías anteriores
El precedente más claro de una ley de amnistía como la que se propone data de 1977. Solo dos años después de la muerte del dictador Francisco Franco, en los albores de la nueva democracia española y un año antes de aprobarse la Constitución, se declararon amnistiados “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas” que hubieran sido realizados antes de 1976.
Esa ley no solo abarcaba los delitos de sedición y rebelión, la objeción de conciencia en el servicio militar o actos de expresión de opinión, sino que también incluía aquellos “que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público”, lo que a la postre significó dejar impunes todos los delitos del franquismo, incluidas las torturas o las desapariciones forzadas.
Con posterioridad, tanto el Gobierno del socialista Felipe González, como el del conservador Mariano Rajoy, impulsaron diferentes amnistías fiscales. La última tuvo lugar en el año 2012.
Además, quienes defienden la posibilidad de la amnistía, como Sumar, se fijan en precedentes de países del entorno, como es el caso de Francia y Portugal.
Francia amnistió a miembros de una alianza independentista de la colonia francesa Nueva Caledonia. Por su parte, en 1996, Portugal otorgó el beneficio a varios miembros de las Fuerzas Populares 25 de abril, organización responsable de casi 80 atentados y una decena de homicidios. En ambos casos, la medida de gracia excluyó los delitos de sangre.
¿Qué dice la oposición?
Desde los partidos de la oposición critican duramente la posibilidad de que se negocie una ley de amnistía, a cambio de los votos necesarios para la futura investidura de Pedro Sánchez.
Núñez Feijóo, que también necesitaba los votos de Junts, había afirmado que estaba dispuesto a sentarse a negociar, pero después del encuentro de Díaz con Puigdemont y el asomo a una posible amnistía, anuló las conversaciones previstas.
“Prefiero no ser presidente del Gobierno antes que ser presidente del Gobierno sometido a un chantaje”, dijo el miércoles.
En esa misma línea, abundó: “No tenemos que decidir entre aceptar el chantaje o nuevas elecciones. Tenemos una tercera vía, que son los pactos constitucionales entre los partidos constitucionalistas”, aseveró Feijóo, en referencia a la solicitud que lleva semanas trasladando al Partido Socialista para que le permita gobernar y que ha sido repetidamente rechazada.
Por su parte, el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, denostó de las condiciones impuestas por Puigdemont: “Son las exigencias de un delincuente, de un prófugo que no da la cara ante la justicia y de un político que ha cometido los peores delitos que puede cometer un político”.
Lo cierto es que la aritmética parlamentaria salida de las urnas en julio ha convertido a Junts en la pieza clave de esta legislatura. El bloque conservador reúne 172 diputados, mientras que el progresista alcanza los 171, cuando la mitad más uno de los escaños del Congreso son 176, lo que hace imprescindible el concurso de la formación de Puigdemont para decantar el resultado.
Si tras el previsible fracaso de Feijóo, el próximo día 26, también resulta infructuoso el posterior intento de Pedro Sánchez, los españoles volverán a las urnas en el mes de enero.
