Las averiguaciones se realizan en 11 regiones del país, precisó el fiscal nacional, Ángel Valencia.
La Fiscalía de Chile adelanta investigaciones contra 32 fundaciones que estarían presuntamente involucradas en controvertidas contrataciones públicas que se habrían concretado mediante irregularidades con distintas gobiernos locales y secretarías regionales del Ejecutivo.
Así lo informó este jueves el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien detalló en rueda de prensa que las averiguaciones sobre el llamado ‘Caso Convenios’ o ‘Fundaciones’, son realizadas por fiscalías locales en 11 de las 16 regiones del país.
“De momento, para asegurar el éxito de la investigación, lo que nos parece más apropiado es que cada una de estas fiscalías regionales continúen dirigiendo cada una de las investigaciones en sus respectivos territorios”, dijo Valencia.
Sin embargo, el funcionario comentó que la decisión de que las fiscalías regionales adelanten cada una por su lado las indagatorias, que ahora les parece “lo más apropiado”, es un asunto que “en el futuro podría cambiar” y convertirse en un caso nacional.
Con respecto a la situación procesal que podría recaer en distintas autoridades, funcionarios públicos y miembros de las directivas de las fundaciones, el fiscal comentó que eso se establecerá “a lo largo del tiempo” y que, por ahora, ninguna de las personas que la prensa chilena ha mencionado por las presuntas irregularidades se encuentra solicitada.
Valencia detalló que tras sostener “una reunión de coordinación” para “unificar criterios” con los fiscales regionales involucrados en el caso, se determinó que la mayoría de las fundaciones son de “muy reciente creación” y se crearon “bajo el amparo de la ley vigente, que es menos exigente que la ley antigua”.
“Que ninguna investigación se quede atrás”
Valencia también informó que el monto total de los fondos que son investigados “todavía está en evolución” y adelantó que serían “varios miles de millones de pesos” los que se transfirieron a las fundaciones desde entidades del Gobierno.
En cuanto a las averiguaciones, resaltó que a su despacho le interesa “que ninguna investigación se quede atrás” y que todas las indagatorias “avancen de manera uniforme”.
El fiscal también informó que en el proceso se ha sumado un equipo de la Policía de Investigaciones (PDI) que “ha estado contribuyendo con el avance del caso”.
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“Ese trabajo conjunto de la Fiscalía y de la PDI es de la mayor relevancia para poder contribuir en el progreso de estas investigaciones y poder transmitir a la ciudadanía toda la información necesaria para que este asunto se esclarezca adecuadamente“, indicó.
‘Caso Convenios’
El escándalo de ‘Convenios’ salpica al Gobierno de Gabriel Boric desde junio pasado, cuando se conoció en la región de Antofagasta, al norte del país, supuestas irregularidades en contratos millonarios establecidos entre una oficina regional del Ministerio de Vivienda con la fundación Democracia Viva, relacionada con militantes del partido oficialista Revolución Democrática, fundado por el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
A partir de ahí han surgido otros casos de posibles contrataciones fraudulentas entre entes estatales y fundaciones privadas que han incrementado las tensiones y las acusaciones de presunta corrupción en la administración de Boric, que ya ha experimentado las renuncias de las subsecretarias de Vivienda, Tatiana Rojas; y de Cultura, Andrea Gutiérrez.
Por su parte, el Gobierno informó a inicios de julio que realizaría una auditoría interna para aclarar la situación durante la actual administración y si se extiende hasta la del expresidente Sebastián Piñera.
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Boric, por su parte, quien se adelantó a señalar estos casos como “actos de corrupción”, dijo que en su gestión no pueden “tener medias tintas” sobre este tipo de hechos. “Quienes se han servido de recursos públicos (como el caso de Democracia Viva) han incurrido en actos de corrupción. Y esas personas deben responder ante la Justicia y el gobierno colaborar activamente en ello”, dijo.
“Esa es la línea que he instruido a mi gobierno. Total transparencia, colaboración con la Justicia y Contraloría y nada de defensas corporativas (lo que no es lo mismo que acusar al voleo y sin pruebas). A la corrupción no hay que cederle ni un espacio”, agregó el mandatario.
