El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que confía en que “se continuará el trabajo conjunto para promover los intereses comunes” de ambos países.
El Gobierno de Colombia aseguró este domingo que la decisión del Congreso peruano de declarar persona no grata al presidente Gustavo Petro, en rechazo a sus declaraciones sobre la Policía Nacional de Perú, no afecta los lazos entre Bogotá y Lima.
Según un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, la medida se trata de “un acto de carácter político del órgano legislativo del Perú, que no compromete al pueblo y, por lo tanto, no afecta la histórica relación con la hermana nación”.
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La decisión, que fue aprobada por la mayoría del Congreso peruano, se produjo en reacción a los comentarios de Petro durante una reunión con embajadores, donde afirmó que “en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”, aludiendo a la Policía, que un día antes protagonizó un amplio despliegue contra una manifestación en el centro de Lima en rechazo al Gobierno de Dina Boluarte.
La moción señala que hubo una ofensa a la Policía Nacional por parte del mandatario colombiano y pide a la Cancillería que se asegure de prohibir su entrada en el territorio peruano. También se censuran las palabras de Petro al calificarlas como una “banalización del holocausto, en grave perjuicio del pueblo judío”.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores colombiano reiteró “su confianza en que la democracia y el Estado de Derecho se impondrán” en el país vecino para alcanzar una solución a la crisis actual, “a través del diálogo social amplio e incluyente, siempre en concurrencia con el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Asimismo, agregó que confía en que “se continuará el trabajo conjunto para promover los intereses comunes” de ambos países en el marco de las “históricas relaciones de hermandad y buena vecindad”.
Protestas en Perú
Desde diciembre pasado, protestas multitudinarias se llevan a cabo en Perú exigiendo la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso, elecciones anticipadas, reformas a la Constitución y la liberación de Castillo, quien fue destituido por el Legislativo el pasado 7 de diciembre.
Las manifestaciones han terminado en enfrentamientos entre la población y los agentes, dejando un saldo de 60 muertos y casi 2.000 heridos, en medio de denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
