La mandataria ecuatoriana es acusada como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
La Fiscalía de Perú presentó este lunes una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por su presunta autoría en el escándalo conocido como ‘caso Rolex’.
A través de un comunicado, el Ministerio Público detalló que Boluarte habría recibido —en calidad de donación— del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, tres relojes de la marca Rolex, así como otras joyas de lujo, a cambio de favorecerlo con fondos para su provincia.
Entre las otras prendas recibidas por la mandataria y denunciadas por la Fiscalía, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, se encuentran: “un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes“.
Estas joyas, indica el ente acusador, habrían sido entregadas a Boluarte con el propósito de que la mandataria realizará “actos propios de su cargo como presidenta de la República”, para favorecer al mencionado gobernador.
Por esta razón, la mandataria es acusada de cometer el delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. Entre las acciones ejecutadas por Boluarte y que son cuestionadas por la Fiscalía, se encuentran la firma de tres decretos supremos y tres decretos de urgencia, promulgados entre el 8 de marzo de 2023 y el 24 de marzo de 2024.
Boluarte es indagada por diversas irregularidades, entre ellas una denuncia constitucional en su contra por las decenas de muertes ocurridas en protestas antigubernamentales.
“Basta de orquestar situaciones”: Boluarte se enerva ante investigaciones y descarta renunciar
El expediente más reciente y sonado en su contra es la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, por el caso Rolex, en el cual se sospecha que usó relojes y joyas de lujo, a cambio de regalías para el mencionado gobernador regional.
En medio del escándalo, el gobierno de Boluarte anunció la semana pasada que presentaría una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación por un presunto “menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República”.
Días después, el Poder Judicial peruano declaró infundada la tutela de derechos presentada por la defensa de Boluarte por el caso Rolex, al considerar que los argumentos de la mandataria “no tienen sustento fáctico ni jurídico”.
