Los llamados Archivos FinCEN abarcan miles de reportes sobre actividades sospechosas de la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU.
Periodistas de BuzzFeed News han compartido este domingo los resultados de su análisis de documentos secretos del Gobierno estadounidense, los llamados Archivos FinCEN, que comprenden miles de “reportes sobre actividades sospechosas” y otros papeles proporcionados por los bancos a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN).
La filtración “ofrece una visión sin precedentes de la corrupción financiera mundial, con los bancos haciéndola posible y las agencias gubernamentales viendo cómo florece”, indican los reporteros, que denuncian el blanqueo de billones de dólares que facilita “el trabajo de terroristas, cleptócratas y capos del narcotráfico“, indican los reporteros.
El medio compartió los materiales con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que llegó a conclusiones similares tras su propia investigación, y más de 100 organizaciones mediáticas en 88 países.
Según el reporte, en las actividades financieras ilícitas están involucrados bancos como JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y BNY Mellon, que siguieron moviendo dinero de los sospechosos criminales incluso después de ser procesados o multados.
Asimismo, la sucursal de HSBC en Hong Kong supuestamente permitió mover 15 millones de dólares de un esquema Ponzi, WCM777, que según las autoridades, robó al menos 80 millones de dólares de inversores que en su mayoría eran migrantes latinos o asiáticos. Standard Chartered, por su parte, tenía entre sus clientes la empresa Al Zarooni Exchange, basada en Dubái, que fue acusada del blanqueo de dinero de los talibanes.
También se menciona a Citibank, Bank of America y American Express, que supuestamente procesaron “millones de dólares en transacciones” para la familia del alcalde kazajo Víktor Jrapunov incluso después de que Interpol emitiera la alerta roja para su arresto.
“Se permitió que los beneficios de las mortíferas guerras de las drogas, las fortunas malversadas de los países en desarrollo y los ahorros ganados duramente que fueron robados en un esquema Ponzi entraran y salieran de estas instituciones financieras, a pesar de las advertencias de los propios empleados de los bancos”, señala BuzzFeed News.
Según detalla el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que tardó 16 meses en estudiar los archivos, los documentos evidenciaron las transacciones de más de 2 billones de dólares entre 1999 y 2017 que los propios bancos consideraban como sospechosas, y en la mitad de los reportes analizados los bancos no tenían información alguna sobre los que estaban detrás de aquellas transacciones.
El equipo de BuzzFeed agrega que “en las raras ocasiones” en las que el Gobierno de EE.UU. toma duras medidas contra los bancos, “a menudo se basa en tratos ventajistas llamados acuerdos de enjuiciamiento diferido, que incluyen multas pero no arrestos de alto nivel”.
FinCEN: “La divulgación no autorizada de los informes es un delito”
La FinCEN, por su parte, emitió un comunicado el 1 de septiembre en el que denunció la filtración de los informes sobre actividades sospechosas a los medios, que recibieron aquellos documentos de forma ilegal: “[…] varios medios de comunicación tienen la intención de publicar una serie de artículos basados en los ilegalmente revelados informes sobre actividades sospechosas, así como en otros documentos gubernamentales sensibles de hace varios años”, señaló.
“La divulgación no autorizada de los informes sobre actividades sospechosas es un delito que puede repercutir en la seguridad nacional de EE.UU., comprometer las investigaciones policiales y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan esos informes”, indicó la FinCEN, que agregó que remitió el caso al Departamento de Justicia y a la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro.
Una de las consignas principales es pedir justicia por el homicidio de Javier Ordóñez, abogado y chofer de taxi de 44 años que hace dos semanas fue golpeado y torturado con pistolas táser por dos efectivos en Bogotá.
Este lunes 21 de septiembremiles de colombianos se suman a un paro nacional con múltiples movilizaciones en todo el país, convocado por sindicatos y organizaciones sociales en contra del Gobierno de Iván Duque, y a pesar de los riesgos sanitarios por el coronavirus.
Una de las consignas principales de estas protestas tienen que ver con la brutalidad policial y el pedido de justicia por el homicidio de Javier Ordóñez, abogado y chofer de taxi de 44 años que hace dos semanas fue golpeado y torturado con pistolas táser por dos efectivos en Bogotá.
En el marco de la pandemia, la crisis económica y el deterioro del empleo es otro de los puntos invocados por los convocantes. En especial el decreto 1174 que el pasado 27 de agosto reglamentó el Gobierno, y que establece un piso de protección social. Según las organizaciones gremiales, se trata de la “más agresiva reforma laboral y pensional de los últimos 30 años” en Colombia.
Por otra parte, el índice de desempleo en Colombia superó el 20,2 % en julio, el nivel más bajo registrado desde 2001. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), se trata de un incremento de 9,5 % respecto al mismo mes de 2019, cuando este índice llegó a 10,7 %.
Otro de los temas centrales que motivaron la huelga es el de las masacres y asesinatos de líderes sociales y exmiembros de organizaciones armadas, que se están dando diariamente en Colombia, y que ponen en riesgo el cumplimiento del acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla en 2016.
Este domingo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia, denunció un cuádruple homicidio en el departamento de Nariño, donde cuatro hombres fueron acribillados a balazos. De acuerdo al organismo, ya suman 61 las masacres ocurridas en lo que va de 2020.
“Garantizar la paz”
Habrá marchas en varios puntos del país entre las 9:00 am (hora local) y las 16:00, según informó el Comité Nacional de Paro.
En tanto, las autoridades se han comprometido a evitar hechos de violencia como los ocurridos entre el 8 y el 9 de septiembre pasados, luego del homicidio de Ordóñez. En efecto, la Policía Nacionalno portará armas durante el acompañamiento de las marchas, aseguró el director de la fuerza de seguridad, Oscar Atehortúa.
“Además de todo el dispositivo de seguridad, habrá presencia de gestores de convivencia, la Personería, la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de Derechos Humanos con quienes nos hemos reunido y acordado una forma de trabajo para garantizar que todo trascurra de manera pacífica. Pedimos evitar los hechos de violencia”, dijo por su parte el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero.
En el mismo sentido se expresó Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien también se mostró dispuesto a una jornada en calma: “Yo quiero decirlo categóricamente: nosotros estamos convocando a la caravana nacional de protesta, que significa que la gente puede ir en taxis, buses, busetas, carros particulares, motos, bicicleta, en lo que quieran, pero de manera pacífica. Desautorizamos cualquier acto de violencia y si se producen inmediatamente se disolverán las caravanas”, avisó.
Una escalada de tensión y violencia
Tras la muerte de Ordóñez, se produjeron una serie de manifestaciones que terminaron con fuertes disturbios y represión policial con graves resultados: la muerte de trece civiles, 194 efectivos lesionados y 209 ciudadanos heridos.
En 2019, el descontento social en Colombia se hizo sentir en las calles, con una serie de masivas protestas que se dieron en paralelo a las revueltas en Ecuador y Chile, mientras parte de la sociedad latinoamericana mostraba su oposición a las administraciones de centroderecha.
La tensión en las calles se frenó por la crisis del covid-19, pero poco a poco las organizaciones están retomando las protestas a pesar de que los contagios y muertes por la enfermedad siguen en aumento.
