En virtud de esta ley, se pueden prohibir los partidos que tengan “carácter antiucraniano” y cuyas actividades vayan dirigidas a “socavar la soberanía o la integridad territorial de Ucrania”.

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, firmó este sábado una ley que permite prohibir los partidos políticos que promuevan una postura “prorrusa”, informó la Rada Suprema, el Parlamento del país.

En virtud de esta ley, se pueden prohibir los partidos que tengan “carácter antiucraniano” y cuyas actividades vayan dirigidas a “socavar la soberanía o la integridad territorial de Ucrania”. Si se prohíbe un partido, sus propiedades, fondos y otros activos serán transferidos al Estado.

La ley fue aprobada el pasado martes por 330 diputados de la Rada Suprema de Ucrania. La vicepresidenta del organismo legislativo, Yelena Kondratiuk, declaró que de esta manera se da “un paso adelante para prohibir los partidos prorrusos en Ucrania”.

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Un comunicado publicado en el sitio web de la Rada agrega, en referencia a las palabras de Kondratiuk, que también se prohibirán los partidos que puedan presentar “la agresión armada de Rusia contra Ucrania como un conflicto interno, un conflicto civil, una guerra civil, y negar la ocupación temporal de una parte del territorio de Ucrania”.

El pasado mes de marzo, Zelenski anunció que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional del país decidió “suspender toda actividad de una serie de partidos políticos durante la ley marcial”, debido a “la guerra a gran escala librada por la Federación Rusa y los vínculos de algunas estructuras políticas con ese Estado”.

Los partidos políticos afectados han sido la Plataforma de Oposición-Por la Vida, el Partido de Shariy, el Bloque de Oposición, la Oposición de Izquierda, la Unión de Fuerzas de Izquierda, Derzhava, el Partido Socialista Progresista de Ucrania y el Partido Socialista de Ucrania, entre otros.

Detenciones de personas en Ucrania por “expresar su postura”

El pasado 12 de abril, Zelenski informó de la detención de Víktor Medvedchuk, jefe del consejo político del partido Plataforma de Oposición-Por la Vida, acusado de traición al Estado y violación de las normas de guerra. 

Por su parte, la esposa del político, Oksana Márchenko, denunció que los servicios de seguridad de su país pueden torturar a su marido. “Quieren utilizar métodos físicos prohibidos para influir en Víktor a fin de obtener las declaraciones que necesitan”, subrayó. 

También indicó que miles de personas fueron detenidas por el Servicio de Seguridad ucraniano solo por “expresar su postura” y “decir la verdad”. Así, según Márchenko, entre los detenidos figuran el escritor Yan Taksyur, el historiador Alexánder Karevin, el periodista Yuri Tkachev, el exdiputado Oleg Nóvikov, el experto político Gleb Lyáshenko y muchas otras personalidades.

Asimismo, en mayo fue arrestado en España el bloguero y político opositor ucraniano Anatoli Sharí, con más de 3 millones de seguidores en su canal de YouTube, en el que se muestra muy crítico con la política de Kiev y destapa casos de corrupción en el país eslavo. Las autoridades ucranianas acusan a Sharí —que era buscado por Ucrania desde febrero de 2021— de presunta “alta traición”, así como de “violación de la igualdad de derechos de los ciudadanos por motivos de raza, nacionalidad, creencias religiosas, discapacidad y otras características”.

Cierre de canales de oposición 

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Ya en 2021, tres importantes canales de televisión ucranianos —112 Ukrayina, NewsOne y ZIK— dejaron de emitir después de que el presidente del país, Vladímir Zelenski, promulgara un decreto del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania para introducir sanciones contra estos medios y su propietario, el diputado Tarás Kozak, de la facción del Parlamento Plataforma de Oposición-Por la Vida. 

“Esta es una decisión completamente ilegal, el presidente se ha excedido en sus poderes, no tiene derecho a imponer tales sanciones”, comentó Kozak. Por su parte, la Unión Nacional de Periodistas de Ucrania denunció en un comunicado que privar a los ciudadanos ucranianos del acceso a los medios de comunicación sin un juicio previo y prohibir a cientos de periodistas y medios de comunicación su derecho a ejercer la profesión es “un ataque a la libertad de expresión”. 

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