“Lo que estamos viviendo hoy en las principales ciudades del país es un comportamiento extremista autoritario que avala el Estado colombiano”, explica el defensor de los derechos humanos Andrés Camilo Rodríguez.
Las imágenes de una caravana de indígenas desarmados atacados a tiros por hombres sin uniforme protegidos por la Policía, en medio de las protestas en Colombia, corrieron tan rápidamente por las redes como el desconcierto de quienes no pudieron creer que un hecho de ese tipo ocurriera a la vista de todos.
En las plataformas digitales circularon gran cantidad de videos hechos desde distintos ángulos que registraron el momento en el que civiles armados, rodeados de camionetas lujosas y escoltados por uniformados, dispararon contra la integrantes de la minga indígena que se desplazaba, a plena luz del día, por Ciudad Jardín, un barrio pudiente de Cali.
Para tratar de explicar las razones de este ataque, RT entrevistó al defensor de los derechos humanos y licenciado en Filosofía Andrés Camilo Rodríguez, quien afirmó que debe considerar que algunos de estos grupos de civiles armados actúan con “legitimidad del Estado y del relato del uribismo “para repeler a los manifestantes.
El también columnista asevera que hay una “alineación” de vieja data entre la “élites políticas”, compuestas por sectores empresariales, políticos, medios de comunicación, Fuerza Pública y mafias ilegales que se oponen a las demandas de la movilización social que se inició hace dos semanas en Colombia.
Al preguntar sobre el uso de armas para repeler una protesta pacífica, el entrevistado asevera que la exigencia de un cambio político por parte de los manifestantes está agudizando “los comportamientos violentos del Estado y de actores civiles armados contra los protestantes”.
¿Contra quién es la violencia?
Si bien estas acciones ocurrieron en Cali, también hay denuncias de dispersión de marchas por parte de desconocidos armados en Córdoba (Montería). En ese contexto de ataques hechos, esta semana murió el activista y estudiante Lucas Villa, considerado un ícono de estas protestas, que estuvo varios días en terapia intensiva luego de que fuera baleado mientras participaba en un plantón en Pereira.
La región del suroccidente colombiano, donde se ha intensificado la protesta social, es la que más sufre “la violencia estatal” junto a la acción de civiles armados, según explica Rodríguez. En esa zona, compuesta por los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, ha habido “violación sistemática de protocolos, normas y reglamentos que regulan las intervenciones de la Fuerza Pública”.
“Nos hemos encontrado con violación de los derechos humanos no solamente por las intervenciones violentas contra los manifestantes, sino porque no se respetan los corredores humanitarios, los centros de salud, los centros educativos, como lo establece el derecho internacional humanitario”, agrega.
Según afirma, la acción de los cuerpos de seguridad se incrementa en los sectores más vulnerables que, paradójicamente, son lo que más reclaman por la acción del Estado frente a temas como el acceso al empleo, a la seguridad, a la educación y a los servicios básicos, en el contexto de la crisis por la pandemia y con un 42 % de la población colombiana sumida en la pobreza, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
“Existe una extrema militarización en las zonas más empobrecidas, mientras que en los sectores de clase media hay un comportamiento diferente (…) Los militares hoy están actuando de una manera profundamente clasista“, asevera.
Aunque las protestas de este año comenzaron como un rechazo a la aplicación de un proyecto presidencial de reforma tributaria, que fue retirado, Colombia atraviesa una compleja situación económica que ha golpeado principalmente a los sectores cuyas demandas históricas no han sido atendidas. Tras la presión social de dos semanas de protestas, el presidente Iván Duque ha hecho algunas concesiones, como la gratuidad de la matrícula estudiantil y la aceleración del plan de vacunación.
¿Por qué relacionar estos hechos con el paramilitarismo?
El paramilitarismo puede definirse, en líneas generales, como una estrategia de contrainsurgencia de la extrema derecha, que busca defender por la fuerza los intereses de los propietarios de la tierra y de grupos económicos como ganaderos, empresarios, comerciantes, entre otros.
En este sentido, el defensor de los derechos humanos encuentra que en estos hechos recientes de violencia “hay una actuación del paramilitarismo”, que “se expresa mediante la acción violenta de civiles legitimados por el uribismo”.
“Lo que estamos viviendo hoy en las principales ciudades del país es un comportamiento extremista autoritario que avala el Estado colombiano en cabeza del uribismo” y que adicionalmente le otorga “legitimidad” a la violencia contra los sectores populares, que son los que están movilizados, explica.
Uribe y los grupos paramilitares
Alrededor de las acciones de civiles armados contra las manifestaciones, Rodríguez expresa que existen varios elementos como los “constantes mensajes” enviados por el expresidente Uribe a través de las redes que, además de generar “terror, miedo y zozobra”, contenían “órdenes a favor de la militarización y de los ataques sistemáticos contra la protesta social”. “Allí hay una responsabilidad política”, agrega.
En su opinión, estas publicaciones “han motivado que civiles o sectores armados ilegales tomen fuerza y protagonismo”, lo que se expresa en su “interacción armónica con la violencia estatal”. “Es una declaración de guerra en medio de la crisis orgánica que está viviendo el país”, puntualiza.
El 30 de abril, dos días después del primer paro nacional que dio paso a las multitudinarias manifestaciones en el país suramericano, Twitter eliminó un trino del Uribe porque determinó que violaba las reglas de la red social al glorificar la violencia.
En el tuit, el también exsenador pedía apoyar el “derecho de los soldados y policías a utilizar sus armas” para “defender a las personas y bienes”.
Si bien esa publicación fue borrada por la plataforma, el exmandatario ha seguido escribiendo otros mensajes en la misma línea donde se refiere a la defensa de las Fuerzas Armadas, a la “autoridad” y a la militarización de las zonas donde hay protestas.
El exsenador Uribe, líder del gobernante partido derechista Centro Democrático y padrino político del mandatario, ha sido señalado reiteradas veces de tener supuestos vínculos con el paramilitarismo, tanto en procesos judiciales como en declaraciones de exparamilitares y documentos desclasificados de EE.UU.
Uribe fue gobernador de Antioquia (1995-1997) y presidente de Colombia (2002-2010). En su mandato se estableció la ‘Política de Seguridad Democrática’ que, según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), contribuyó a la “profundización de la grave crisis de derechos humanos” en el país al involucrar a civiles en el conflicto armado y al permitir la connivencia del Estado con grupos paramilitares.
