El país centroamericano se vio sacudido por fuertes protestas contra el alza de los precios en julio pasado.
Los movimientos sindicales y populares panameños, que protagonizaron jornadas de movilizaciones en julio pasado, responsabilizaron al Gobierno de “trancar la mesa” del diálogo establecida durante las protestas y advirtieron que volverán a las calles “para abrir nuevos escenarios de lucha”. Además, proponen impulsar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente si sus demandas no son atendidas.
En un comunicado difundido en las redes, la Alianza Pueblo Unido por la Vida de Panamá, una de las organizadoras de las manifestaciones, aseveró que el presidente Laurentino Cortizo ha incumplido los acuerdos alcanzados “negándose a discutir los problemas estructurales del país“.
“En la medida que el diálogo se tranque, las calles también serán trancadas”, se afirma en el escrito.
Por otro lado, se denuncia que el sector empresarial “se niega a acatar” los decretos presidenciales producto de lo establecido entre los movimientos populares y el Gobierno en la mesa de diálogo, en medio de una fuerte presión social por el aumento del combustible, la canasta básica, las medicinas y los servicios.
“Una nueva confrontación social”
Para la Alianza, tanto el Gobierno como los empresarios “apuestan a una nueva confrontación social” y “desechan” el diálogo como “vía para garantizar la estabilidad económica, social y política”.
En el comunicado se manifiesta que si el Gobierno y los empresarios no atienen las demandas se harán nuevos llamados a la movilización y a “emprender acciones contundentes para defender lo logrado”.
Asimismo, se plantea la convocatoria a una Asamblea Constituyente Originaria “que transforme esta triste realidad y acabe con las injusticias sociales, la voracidad empresarial y la podredumbre de las instituciones”.
El movimiento popular, según el texto, considera que la “difícil situación” que afrontan los panameños “es consecuencia del modelo económico neoliberal”, de las “distorsiones del mercado”, de los monopolios y oligopolios y de la evasión fiscal, que “genera exorbitantes márgenes de ganancia en el sector empresarial, el cual se impone y gobierna detrás del poder político”.
Desde principios de julio, el país centroamericano vivió las “más grandes movilizaciones de los últimos tiempos” en protesta por el alza de precios y en contra de la corrupción. La pobreza en el país centroamericano se ubica aproximadamente en el 20 %.
Durante estas manifestaciones se instaló una mesa de diálogo entre el Gobierno y sus organizadores, con la facilitación de la Iglesia católica. Sin embargo, según señala la Alianza, aunque “se han logrado importantes acuerdos” tras 40 días de conversaciones, el Ejecutivo no ha cumplido con la totalidad de sus compromisos, por lo que consideran que la situación está en un “punto crítico“.
¿Cuáles son las demandas?
- Que el precio de la gasolina se mantenga en 3,25 balboas, que equivalen al mismo monto en dólares, más allá de mediados octubre, cuando se cumplen los tres meses del subsidio decretado por el presidente.
- Respeto de la rebaja del 30 % en los productos de la canasta básica.
- Que se haga válida la disminución de los precios de los medicamentos, que se agreguen otros compuestos en el listado y que se amplíe el abastecimiento en las unidades públicas de salud.
- Un aumento que corresponda al 6 % del PIB en el presupuesto educativo.
- Judicialización de los funcionarios investigados por corrupción.
- Diálogo para definir el futuro de la Caja de Seguro Social. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se deben aumentar las edades de las jubilaciones ante su grave situación presupuestaria.
- Rebaja sustancial en las tarifas eléctricas.
- Discusión de otras demandas sociales no contempladas aún.
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La Alianza afirma que el movimiento popular ha hecho “grandes esfuerzos” para mantener un clima de diálogo y que esto ha sido visto por el Ejecutivo y los “poderes económicos” como “desmovilización y desarticulación”, por lo que denuncia que a través de “subterfugios legales” se adelantan acciones en contra de los acuerdos alcanzados.
Del mismo modo, se señala a la administración de Cortizo de mantener una “campaña permanente contra los dirigentes sociales” y de “sabotear” lo logrado en la mesa de negociación.
