La cantante colombiana ha hecho duras acusaciones a la institución en un escrito presentado este viernes ante el juzgado.
La artista colombiana Shakira ha presentado este viernes un escrito ante el juzgado que lleva el proceso en el que se le acusa de defraudar a la Hacienda española más de 14 millones de euros en impuestos en tres ejercicios, entre los años 2011 y 2014. La cantante rechaza haber cometido fraude tributario y lanza duras acusaciones contra la forma de actuar del organismo español encargado de la recaudación de impuestos.
“La Agencia Tributaria se ha visto obligada a recurrir a indicios sumamente endebles, así como a medidas vulneradoras del derecho a la intimidad, como requerimientos a centros médicos para obtener información reservada como citas y resultados analíticos”, sostiene la artista, según recogen diferentes medios españoles.
Así, denuncia la mala praxis en la que habría incurrido la Agencia Tributaria para intentar demostrar su presencia en España durante esos tres ejercicios. La institución defiende que Shakira habría residido en el país al menos 183 días, mientras que la cantante sostiene que no fue así por su modo de vida itinerante y sus compromisos laborales en EE.UU.
Shakira irá a juicio en España por seis delitos de fraude fiscal
La defensa de la artista asegura que no fue hasta 2015 cuando fijó su residencia en Barcelona, coincidiendo con la escolarización de su hijo mayor y el nacimiento de su segundo hijo y antes de que la inspección tributaria comenzara a investigarla.
En el escrito presentado hoy se asegura que la artista ha pagado en todo el mundo 104 millones de euros en todo el mundo, de los que 90 han sido abonados en España, a pesar de que los beneficios en este país no representan más que el 2 % a nivel mundial. En esos 90 millones se encontrarían los alrededor de 17 que la cantante ha pagado correspondiente a los 14 millones por los que se le acusa de fraude, más los intereses de demora.
Shakira se enfrenta a la acusación de seis delitos de fraude fiscal por los que la Fiscalía solicita ocho años y dos meses de prisión y una multa de 23,8 millones de euros.
