El plazo para aprobar la nueva legislación vence el 30 de abril, pero todavía no hay garantías de que se cumpla.
La regulación del mercado de la marihuana para uso lúdico se estancó en México debido a la falta de consenso en el Senado con respecto a los cambios realizado al proyecto que la Cámara de Diputados aprobó el pasado 10 de marzo.
El debate se lleva a cabo a contrarreloj, ya que el próximo 30 de abril vence el plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio al Poder Legislativo para que emita una ley que principalmente garantice el derecho de las y los usuarios a consumir la planta.
En medio de la presión por el tiempo, tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, como el presidente de esta cámara, Eduardo Ramírez Aguilar, advirtieron que pedirán una nueva prórroga a la Corte para que el dictamen se discuta y apruebe en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre próximo.
“Prefiero tomarlo con calma, ponderar, hacer bien las cosas y no precipitarse y hacer una mala ley. Es una ley tan importante, tan trascendental para el país, que no debe de haber precipitación. [Necesitamos] una ley de avanzada que resuelva los problemas planteados por colectivos, ciudadanos, consumidores, industriales y la sociedad en general”, afirmó Monreal.
Ramírez Aguilar explicó que la Cámara de Diputados modificó en un 80 % el proyecto de ley que le había enviado el Senado. “Son temas que requieren de profundidad de análisis, no hay consenso ni siquiera en el grupo mayoritario ni en los demás grupos, es como que nos han ‘corregido la plana’, estamos en una disyuntiva, estamos demorando el tema, hay quienes dicen volvamos a rehacer la ley”, añadió.
Mientras tanto, las organizaciones de consumidores mantienen un campamento afuera del Senado para presionar a que la ley se emita. A pesar de que varios grupos de activistas consideran que no cumple con la orden de la Corte y sigue criminalizando a los usuarios, prefieren que se aprueba ahora y se corrija después.
Debate complejo
El problema es que la ley sobre el cannabis queda atravesada, y postergada, por la intensa agenda política que enfrenta México, ya que el próximo 6 de junio se realizarán las elecciones intermedias que renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados para la nueva legislatura, que iniciará en septiembre, y para gran parte de las y los legisladores la prioridad por ahora son las campañas.
Además, si el Senado solicita una nueva prórroga, lo hará justo cuando enfrenta un escándalo político, ya que el jueves pasado aprobó una polémica reforma para que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Corte, permanezca dos años más en el cargo, lo que es impugnado por la oposición y por organismos internacionales al considerar que el oficialismo, que tiene mayoría en el Congreso, interfiere con la división de poderes.
El proceso también demuestra la complejidad de modificar las políticas de drogas, ya que en el caso de la marihuana ha habido un largo ida y vuelta entre la Corte y el Poder Legislativo.
A fines de 2016, el Congreso aprobó la legalización de la marihuana con fines medicinales, pero dos años más tarde la Corte emitió un fallo a favor de consumidores que habían interpuesto un amparo para poder usar cannabis con fines personales, lúdicos o recreativos.
“El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan –sin interferencia alguna– qué tipo de actividades lúdicas desean realizar (…) ese derecho no es absoluto y podría regularse el consumo de ciertas sustancias, pero las afectaciones que provoca la marihuana no justifican una prohibición absoluta”, afirmó la Corte en una sentencia que sentó jurisprudencia. Es decir, la volvió obligatoria.
De esta forma validó el autocultivo y el consumo y determinó que el Poder Legislativo tenía de plazo el 31 de octubre de 2019 para reformar la Ley General de Salud que, en su capítulo sobre sustancias psicoactivas, todavía prohíbe el uso recreativo del cannabis.
Retrasos
Pero la fecha no se cumplió, por lo que la Corte estableció una segunda prórroga que vencía el 30 de abril del 2020 y que, debido a la pandemia, se pospuso de nuevo al 30 de abril de 2021.
Con miras a cumplir los plazos, el pasado 20 de noviembre el Senado aprobó la nueva ley sobre el cannabis y la envió para su debate a la Cámara de Diputados, que casi cuatro meses después, el 10 de marzo, la aprobó en el pleno, pero con múltiples cambios, por lo que tuvo que regresarla al Senado. Si no hubiera habido modificaciones, la nueva e histórica regulación ya estaría vigente.
El dilema ahora es que el Senado la apruebe tal y como está para evitar más postergaciones –y que después promueva las modificaciones a los artículos en los que hay desacuerdo– o que de plano solicite a la Corte una nueva prórroga.
Uno de los cambios centrales que sufrió el proyecto en su paso por Diputados fue la eliminación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que iba a ser el nuevo órgano encargado de diseñar políticas públicas, supervisar las asociaciones de consumidores de marihuana y otorgar las licencias para su producción industrial y venta.
Ahora esa función le corresponderá a la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), lo que es rechazado por los usuarios que advierten que, nuevamente, se les pretende tratar como enfermos sin respetar sus derechos humanos.
Otro de los aspectos más polémicos de las modificaciones se refiere al aumento de penas, ya que los activistas cannábicos siempre han luchado por la descriminalización de la posesión y el consumo que, en este caso, se mantiene. Por ejemplo, en Diputados se aumentó la pena de tres a cuatro años de prisión y de 80 a 100 días de multa a quien posea cannabis psicoactivo sin la autorización correspondiente, a pesar de que, por la cantidad encontrada, no pueda considerarse que está destinada a comercializarla o a suministrarla, así sea gratuitamente.
¿Qué dice la ley?
En términos generales, el dictamen establece que en México se producirán cannabis y sus derivados con fines de autoconsumo (ya sea a través del autocultivo en casas particulares o en asociaciones); de comercialización y venta, y de producción con fines de investigación e industriales.
Los defensores de la nueva norma insisten en que cambia por completo el enfoque prohibicionista que predominó durante un siglo en el diseño de políticas de drogas y que se despenaliza el consumo al establecer sólo como falta administrativa la posesión no autorizada de entre 28 gramos y hasta 200 gramos de marihuana.
Esto significa que será legal la posesión de hasta 28 gramos de marihuana por persona y solo en el caso de ciudadanos mayores de edad, pero no podrán consumirla en espacios públicos ni hacer publicidad alguna de la planta.
Previo otorgamiento del permiso de la Conadic, cualquier persona mayor de 18 años podrá cultivar y poseer en su casa hasta seis plantas de cannabis exclusivamente para su consumo personal con fines lúdicos. Si ahí reside más de un consumidor, podrán tener un máximo de ocho plantas que siempre deberán permanecer en la vivienda. En todos los casos habrá un registro oficial.
El organismo también otorgará los permisos para la creación de asociaciones de cannabis que deberán tener un mínimo de dos y un máximo de 20 miembros que, sin fines de lucro, cultiven y posean plantas de consumo exclusivo para ellos. El máximo será de cuatro plantas por socio y un tope de 50 plantas por cada asociación.
Por otra parte, todas las personas que produzcan o distribuyan cannabis para su comercialización y venta con fines lúdicos tendrán que tramitar licencias para ofrecer la planta y sus derivados en establecimientos autorizados.
