Los tres departamentos registran protestas y huelgas de hambre por la postergación del censo de Población y Vivienda.
El conflicto entre grupos opositores y el Gobierno de Bolivia por la fecha del censo se ha extendido este lunes a los departamentos de Tarija, Cochabamba y La Paz, donde se desarrollan protestas en apoyo al paro de Santa Cruz, que ya lleva dos semanas.
Las tres regiones registran movilizaciones y huelgas de hambre, mientras que en Potosí y sectores sociales del interior definirán si van a la huelga a partir del 10 de noviembre, informó Página Siete.
La mesa técnica que decidirá la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda en Bolivia se reanudó este domingo en instalaciones de la Universidad Autónoma José Ballivián, en la ciudad de Trinidad, aunque aún no se definió el día preciso para realizar el estudio.
Según el Ministro de Planificación y Desarrollo, aún no se ha presentado ninguna propuesta satisfactoria para todas las partes. Una fracción de la representación de Santa Cruz se retiró de la mesa, denunciando que las autoridades no habían presentado toda la información oficial. El Gobierno, por su lado, asegura que entregaron los documentos exigidos a todos los delegados.
El censo debía realizarse este mes y el gobierno lo aplazó hasta 2024 por motivos técnicos, mientras que el Comité Cívico Pro Santa Cruz, espacio de derecha e impulsor del paro, pretende que se efectúe en 2023, para evitar que la administración sea perjudicada en la representación proporcional en el parlamento y en la distribución de fondos nacionales.
La razón del conflicto
El movimiento departamental inició el paro el pasado 22 de octubre con protestas y bloqueos de carreteras, para exigir al Gobierno del presidente Luis Arce adelantar para 2023 un censo fijado para 2024.
Las medidas de presión en el distrito más poblado y rico de Bolivia generaron un desabastecimiento de alimentos, carnes y combustibles tanto en el departamento como en el resto del país. Según el Gobierno, el freno en el comercio, transporte y exportaciones provoca pérdidas de 36 millones de dólares diarios.
El Comité Cívico, comandado por el gobernador Fernando Camacho, argumenta que conocer cuántos habitantes tiene Santa Cruz le permitirá acceder a más recursos económicos públicos y ampliar su representación en el Parlamento.
El Ejecutivo señaló que no hay condiciones técnicas para un censo en 2023, pero sí en 2024, e incluso acusó al movimiento cívico de intentar derrocar la presidencia de Luis Arce.
